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El pasado martes 17 de enero, se celebró en Barcelona una manifestación convocada por varios sindicatos policiales (USPAC, SPC, CAT, ASIG, IGC, SIAT-AREA V.A, SIPEPOL, SAPOL y EUSPEL) y dos agrupaciones de la Guardia Civil unidos bajo la Plataforma Policial. La movilización se realizó por un mayor «respeto institucional» y por la «dignidad policial», entre otras demandas más específicas. La protesta transcurrió desde la Plaza Universitat hasta la Plaza Sant Jaume.
Desde la Plataforma Defender a Quien Defiende queremos manifestar nuestra preocupación por los objetivos de fondo y hechos específicos que se desarrollaron durante la manifestación y que consideramos intolerables en una sociedad democrática.
Como plataforma que defiende los derechos civiles y políticos de la población del Estado español, expresamos nuestro reconocimiento del derecho de manifestación de cualquier grupo o colectivo. Asimismo, consideramos imprescindible asegurar el derecho a la seguridad y a la libertad para el ejercicio de otros derechos y para el desarrollo de un sistema democrático. Pero, defendemos una seguridad entendida como garantía de derechos y no fundamentada exclusivamente como instrumento de represión.
DESTACAMOS QUE:
- Los objetivos y mensajes de la manifestación pretendían claramente limitar la capacidad de las instituciones y de la sociedad civil de ejercer un control político y social sobre la función de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Unos servicios públicos que, al ostentar el monopolio del uso legítimo de la fuerza, requieren unos controles rigurosos para asegurar el respeto de los derechos humanos de la población. Lo contrario podría aumentar la discrecionalidad y contribuir a la impunidad de estos funcionarios públicos.
- El mensaje de miedo y de amenaza a un colectivo por razones ideológicas que se quiso transmitir durante la marcha y por las reivindicaciones del otorgamiento de determinadas impunidades respecto a actuaciones policiales poco respetuosas con los derechos humanos y las libertades fundamentales. En este sentido, la manifestación del martes 17 pretendía inyectar mayor preocupación y miedo social, así como criminalizar a los movimientos sociales y su trabajo de defensa de los derechos humanos, la justicia y la dignidad.
En concreto, condenamos:
- La petición que se expuso durante la movilización de dotar a todos los cuerpos policiales con pistolas Taser. Un intento más de priorizar la represión por encima del papel de garantes del normal ejercicio del derecho a la protesta que le corresponde a las fuerzas policiales. Las Taser son armas de electrochoque que se presentan como una alternativa al uso de armas de fuego o letales, disminuyendo el riesgo de muerte y de heridas. Sin embargo, estas pistolas paralizantes tienen la capacidad de infligir dolor severo mediante la descarga de 50.000 voltios al cuerpo con sólo apretar un botón y sin dejar marcas relevantes, lo que las convierte en un instrumento muy peligroso de tortura y malos tratos. Además, pueden provocar la muerte en casos de afectaciones cardíacas. Éstas han sido informaciones destacadas en informes realizados al respecto por Amnistía Internacional, así como desde diferentes organizaciones de derechos humanos del país.
- Las demandas que se realizaron durante la marcha sobre la eliminación de penas de inhabilitación para que se limite sólo a la duración de la pena y sin la pérdida de la condición de policía en casos de policías condenados, así como el elevar la protección jurídica al agente de la autoridad. Ello supone una grave injerencia en la justicia así como una falta de responsabilidad y rendición de cuentas ante las vulneraciones de derechos humanos.
- La utilización por parte del sindicato policial USPAC, en la convocatoria de la manifestación, de un tuit con la foto de un policía en actitud amenazante con la porra en alto junto al lema : «A.P.A.B. – All Perroflautas Are Bastards «. Pese a que pueda leerse como un derecho de libertad de expresión, cabe atender a su gravedad cuando quien lo emite es un cuerpo de funcionarios públicos, que tienen el legítimo ejercicio del uso de la fuerza en determinadas situaciones y que públicamente, con mensajes como este, está criminalizando a un sector de la sociedad (activistas y movimientos sociales). Se ha exhibido así una clara señal de amenaza hacia estos colectivos. Esto, junto a la imagen que acompaña el mensaje, podría ser constitutivo de un delito de amenazas.
- Muchas de las personas que se manifestaron llevaron la cara cubierta a lo largo de todo el recorrido. Una acción que supone, según la legislación vigente, un claro incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Seguridad Ciudadana. Desde Defender a quien Defiende hemos mostrado en numerosas ocasiones nuestra disconformidad con dicha normativa, pero queremos destacar lo paradójico de la situación: aquellos que aplican la ley, la incumplen. Esta actitud nos demuestra claramente el mensaje de que esta legislación, conocida también como Ley Mordaza, ha sido elaborada para sancionar a los movimientos sociales que salen a protestar, pero, al parecer, no supone una aplicación directa para las fuerzas policiales en ejercicio de su derecho de manifestación.
- La coacción que se ejerció sobre el normal ejercicio de su profesión a los medios de comunicación durante el desarrollo de la manifestación comporta una negación del derecho a la libertad de expresión y del derecho a recibir información veraz. A varias periodistas se les impidió hacer un seguimiento de la marcha hasta el final y desde dentro de la misma, acusando motivos de seguridad.
Por todo ello:
- EXIGIMOS que las instituciones públicas catalanas mantengan y refuercen los mecanismos de control democrático sobre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Cataluña, y eviten la impunidad sobre los casos de violaciones de derechos humanos.
- MANIFESTAMOS nuestra intención de seguir luchando por los derechos civiles y políticos de todas, así como a someter a un control ciudadano a las Fuerzas de Orden y de Seguridad del Estado, evitando el miedo y construyendo otro tipo de seguridad, más allá de las amenazas o intimidaciones.
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© Imagen de portada: Robert Bonet / eldiario.es