Manifiesto 5 años de mordazas ¡Basta! Por una nueva legislación que garantice los derechos humanos

En 2020, en medio de una crisis sanitaria marcada por la pandemia del coronavirus, y desde que se decretara en marzo el estado de alarma, se han impuesto más de un millón de propuestas de sanción en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. En este contexto las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado podrían haber interpuesto de manera arbitraria sanciones contra personas sin observar los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales, y esto bajo la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza. Tras 5 años desde su entrada en vigor, la Ley Mordaza sigue campando a sus anchas. Los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, información y manifestación, han sufrido un claro retroceso desde su aprobación. El próximo 1 de julio será el 5º aniversario de la Ley Mordaza. Desde Amnistía Internacional, No Somos Delito, Defender a Quien Defiende, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, la Coordinadora de ONG de España y Greenpeace impulsamos este manifiesto para que el mayor número de organizaciones y colectivos exijamos de una vez por todas la modificación urgente de la Ley de Seguridad Ciudadana. Cada año que ha pasado con la Ley Mordaza en vigor hemos recordado la necesidad urgente de reformarla, para tener en su lugar una nueva legislación en línea con los estándares internacionales de derechos humanos. Y en los últimos años hemos reclamado la necesidad de que el gobierno cumpla lo que tantas veces ha prometido hacer. Será con la presión ciudadana, de organizaciones y colectivos, como conseguiremos que de...

Organizaciones de Derechos Humanos exigen que se investiguen nuevos casos de violencia institucional en el marco de estado de alarma

Las entidades, impulsadas por Defender a Quien Defiende, critican que en la guía enviada por el Ministerio de Interior a las Delegaciones del Gobierno para unificar criterios ante sanciones por la Ley de Seguridad Ciudadana en el contexto de estado de alarma se prevea una interpretación de las cuantía de las sanciones desproporcionada y que se prevea sancionar a las personas directamente por un desplazamiento no autorizado. Organizaciones de derechos humanos como Novact, Irídia, Legal Sol, Institut de Drets Humans de Catalunya, Calala, Ecologistas en Acción, Stop Represión Granada y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, agrupadas en la plataforma Defender a Quien Defiende, junto con otras organizaciones de derechos humanos como Sos Racismo, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, la Cooperativa Red Jurídica, la Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, el Grupo Motor de No Somos Delito y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB, presentaron este jueves un segundo escrito dirigido al Ministerio del Interior y al Defensor del Pueblo, en el que denuncian siete nuevos casos de violencia institucional a manos de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, quienes presuntamente incurrieron en un uso de la fuerza no autorizado, en el marco del Estado de Alarma decretado por el Gobierno para la gestión de la pandemia del COVID-19. Estos casos, documentados entre el 25 de marzo y el 15 de abril de 2020 en distintas ciudades del Estado, gracias a las grabaciones y denuncias realizadas por la ciudadanía, dan cuenta de bofetadas, empujones, golpes y patadas propinados por agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad...

Organizaciones de Derechos Humanos exigen al Ministerio de Interior que los cuerpos policiales actúen con proporcionalidad durante el Estado de alarma

Las organizaciones, impulsadas por la Plataforma Defender a Quien Defiende, exigen que se investiguen, al menos, cuatro situaciones de violencia institucional. Por medio de una carta enviada al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández, organizaciones de derechos humanos como Novact, Irídia, Legal Sol, Institut de Drets Humans de Catalunya, Calala, Ecologistas en Acción, Stop Represión Granada y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, agrupadas en la plataforma Defender a Quien Defiende, junto con otras organizaciones de derechos humanos como la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, la Cooperativa Red Jurídica, la Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, el Grupo Motor de No Somos Delito y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB, han denunciado que agentes del Cuerpo Nacional de Policía, en al menos cuatro ocasiones, incurrieron presuntamente en uso de la fuerza no autorizado por los reglamentos de actuación contra ciudadanos en el marco de su actuación durante el Estado de Alarma, decretado por el Gobierno para la gestión de la pandemia del COVID-19. Ante esta situación, exigen que se accionen los canales internos de investigación y depuración de responsabilidades, y que se garantice que el actuar de los cuerpos y fuerzas de seguridad esté regido por el principio de legalidad y respeto a los derechos fundamentales. Asimismo, consideran que en los casos que haya indicios de delito cometidos por los agentes, el Ministerio debe activar de manera urgente todos los mecanismos de investigación y dar cuenta a las autoridades judiciales. En los cuatro casos, documentados a través de las grabaciones de ciudadanos...
COVID-19, la alerta sanitaria no debe normalizar leyes que vulneran derechos humanos

COVID-19, la alerta sanitaria no debe normalizar leyes que vulneran derechos humanos

Desde Defender a Quien Defiende alertamos sobre cómo la visión securitaria de las problemáticas políticas, sociales o sanitarias (como es el actual caso de crisis por el COVID-19) favorecen la aplicación del punitivismo y la represión como solución, en lugar de abordar la seguridad desde la perspectiva de los recursos económicos, de cuidados y de infraestructura común. En este sentido, ponemos el foco encómo se está  aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) y el Código Penal a las personas que no cumplen las restricciones fijadas por el Gobierno. Al Estado español no le ha hecho falta desarrollar una legislación ad hoc para la ciudadanía que no respete las medidas durante el estado de alarma actual. El entramado legislativo aprobado por mayoría absoluta del PP en 2015 ya es lo suficientemente restrictivo para castigar a través del Código Penal y/o sancionar las faltas administrativas a través de la Ley Mordaza. Los agentes de seguridad  podrán hoy recurrir al artículo 36.6 de la Ley Mordaza, que  regula las infracciones graves con multas de entre 601 y 30.000 euros. En su punto sexto contempla sanciones por: «desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones”. Por otra parte, El Código Penal fija en su artículo 556 penas de prisión de tres meses a un año o de seis a 18 meses de multa a los que «se resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones” Estas leyes iban a ser derogadas y/o reformadas por el actual Gobierno por suponer una vulneración principalmente del Derecho de...

Defender a quien defiende sobre el juicio al Procés

Defender A Quien Defiende, plataforma estatal de organizaciones defensoras del derecho a la protesta, queremos denunciar públicamente la criminalización y persecución a las movilizaciones sociales que se está efectuando en el juicio al Procés catalán. Destacamos que las propias calificaciones de delitos de “rebelión” y “sedición” a las personas acusadas, nos parecen inaceptables en tanto que se basan en la participaron en las protestas masivas y no violentas que sucedieron en Cataluña entre septiembre y octubre de 2017 . Estas consideraciones contribuyen a criminalizar, perseguir y condenar el ejercicio de derechos fundamentales que deberían gozar de la protección del estado y no de su persecución. Expresamos nuestra alarma sobre cuestiones básicas que afectan a la acción y ejercicio de derechos colectivos e individuales. Consideramos que este proceso judicial está asentando, desde el origen hasta la futura sentencia, un precedente gravísimo en materia de persecución de la disidencia en el Estado español. Estas actuaciones se enmarcan en el retroceso flagrante del derecho a la protesta, que se vio intensificado desde que en 2015 se aprobaran las llamadas “leyes mordaza”( la Reforma del Código Penal,  el Pacto Antiyihadista y la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana) y que se recrudece aún más a través del tratamiento judicial al Procés catalán. Observamos como la vulneración de derechos fundamentales por parte del Estado español presenta un patrón progresivo en cuanto a la restricción de derechos civiles y políticos, contrario a un modelo democrático de Estado. En los últimos años hemos padecido actuaciones de represión deslocalizadas en el territorio, dirigidas específicamente a individuales y colectivos que ejercen sus libertades para disentir y...
Llamada a la acción para proteger a las mujeres defensoras de derechos humanos y sus comunidades

Llamada a la acción para proteger a las mujeres defensoras de derechos humanos y sus comunidades

Defender a Quien Defiende suscribe la llamada a la acción para proteger a las mujeres defensoras de derechos humanos y a sus comunidades, en el marco del vigésimo aniversario de la adopción por  parte de la ONU de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos y el quinto aniversario de la resolución de las Naciones Unidas sobre la protección de las defensoras. El pasado mes de julio Defender a Quien Defiende trasladó a las Naciones Unidas la situación que se vive actualmente en el Estado español. Allí exigimos poner fin a la violencia y discriminación a las mujeres defensoras y destacamos la importancia del análisis con perspectiva de género al respecto de las actuaciones policiales en contextos de protesta y, por supuesto, la represión concreta hacia el movimiento feminista en España. Puedes encontrar toda la información al respecto ...