Protestar no es terrorismo; es nuestro derecho para alzar la voz

Estamos siendo testigos de un nuevo ciclo de movilización alrededor del mundo, los movimientos feministas, antirracistas, ecologistas y, ahora, por la solidaridad con Palestina han inspirado a millones de personas a salir a la calle o a utilizar nuevos canales y plataformas para exigir justicia racial y climática, igualdad, el fin de la violencia de género y cualquier tipo de discriminación. Si bien la movilización ha sido masiva y global, se ha encontrado, sin excepción, con la respuesta represiva y a menudo violenta del Estado.A consecuencia de esta reacción represiva en la mayoría de países europeos se ha documentado el uso de una serie de medidas que reducen cada vez más el espacio de la sociedad civil y limitan su capacidad para organizarse. Una de las metodologías utilizadas consiste en acusar falsamente de terrorismo u organización criminal a movimientos sociales y políticos, contribuyendo así a una deriva que no es compatible con un estado de derecho democrático ni con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.En el Estado español hemos visto numerosos ejemplos de esta represión, documentando cómo desde la política, la justicia y los medios de comunicación se está llevando a cabo una clara criminalización de la protesta. En vez de facilitar y promover el derecho a la protesta, el Estado español está recurriendo a medidas, cada vez más extremas, para suprimir y restringir los derechos de la sociedad civil.Por ejemplo, a través de la aplicación extensiva y desproporcionada de los delitos de terrorismo y organización criminal, dos de los delitos más graves del derecho penal. La definición excesivamente amplia e imprecisa de estos en el Código Penal...
Defender a quien Defiende denuncia más de mil vulneraciones de derechos en contexto de protesta en los últimos dos años

Defender a quien Defiende denuncia más de mil vulneraciones de derechos en contexto de protesta en los últimos dos años

Defender a quien Defiende denuncia 1.184 vulneraciones de derechos en contexto de protesta —detenciones, multas, amenazas, afectaciones a la integridad psicofísica, identificaciones y/o encausamientos—, en un total de 261 casos recogidos en los últimos dos años. Estas cifras son el resultado del monitoreo y la sistematización que ha registrado la plataforma en su informe Diagnóstico del Derecho a la Protesta: Vulneraciones de derechos en el Estado español 2022-2023, presentado el 22 de febrero en Madrid. La investigación combina el análisis de datos cuantitativos con las aportaciones de personas y organizaciones expertas en la materia, como Amnistía Internacional o Red Jurídica.   De las más de mil vulneraciones recogidas, 314 forman parte del año 2022 y 870 del año 2023. De los casos recogidos, 83 se documentaron en el año 2022 y 178 en el año 2023, los datos publicados en el informe no representan los números totales de la vulneración a la protesta en el Estado español. Esto se debe a que no existe ningún mecanismo de recuento global por parte de la administración y, por consiguiente, no se cuenta con cifras oficiales ni con los recursos ni información suficientes.   La investigación alerta y analiza, gracias a los análisis de expertos, las herramientas utilizadas por el Estado para acallar la protesta social. Algunas, viejas conocidas como la utilización del articulado impreciso de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, o el Código Penal. También otras como la infiltración policial en movimientos sociales, el uso de software espía o los procedimientos judiciales contra actores de la sociedad civil acusados de terrorismo y organización criminal, como son los casos...
Defender a quien Defiende denuncia que entre 2022 y 2023 ha sistematizado al menos 131 vulneraciones de derechos humanos contra Futuro Vegetal

Defender a quien Defiende denuncia que entre 2022 y 2023 ha sistematizado al menos 131 vulneraciones de derechos humanos contra Futuro Vegetal

La plataforma señala una intensificación de la represión contra el movimiento ecologista que afecta gravemente al derecho a la protesta.  10 de julio de 2023.- La plataforma Defender a quien Defiende (DqD) ha identificado que en los últimos dos años las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español han endurecido su acción a la hora de reprimir las protestas del movimiento ecologista. Dentro de este marco, la plataforma ha dado seguimiento y sistematizado la respuesta represiva contra Futuro Vegetal, siendo un caso paradigmático y representativo que permite ilustrar la criminalización y persecución que está sufriendo el movimiento ecologista. Futuro Vegetal es un colectivo de desobediencia civil que pretende señalar a las empresas y gobiernos responsables de la crisis climática y ecosocial.  Desde enero de 2022 hasta hoy, la plataforma ha contabilizado al menos 131 vulneraciones de derechos, documentadas en un total de 34 acciones realizadas por el colectivo ecologista. Entre las vulneraciones sistematizadas destacan 49 detenciones y, en algunos casos, con uso excesivo de la fuerza (30 de ellas se produjeron sólo durante el mes de abril) y 5 casos de presuntos malos tratos, tortura y humillaciones en comisaría. Es importante señalar que el colectivo tiene 29 procedimientos penales abiertos y se enfrenta a una reclamación de, como mínimo, 57.800 euros.   Entre los datos sistematizados en 2023, la plataforma denuncia también que hubo 3 periodistas detenidas, 1 periodista encausada por daños y 4 periodistas identificadas, cacheadas y registradas en el lugar de los hechos, por lo que se obstaculizó su tarea periodística. DqD apunta que, a pesar de que las periodistas que cubren las acciones del colectivo...

Informe ‘El Derecho a la Protesta en el Estado español,’ un análisis de los datos del Observatorio Red Malla en 2021

«El Derecho a la Protesta en el Estado español. Análisis con los datos de Red Malla 2021» expone los datos recogidos en el Observatorio Red Malla, la herramienta de monitoreo de vulneraciones de derechos en contexto de protesta, que se desarrolla bajo el paraguas de la plataforma estatal Defender a quien Defiende (DqD).    El informe deja constancia de los 167 casos registrados en la plataforma Red Malla en 2021 y de un total de 501 vulneraciones del derecho a la protesta, entre los que se especifican 135 detenciones, 112 multas, 106 encausamientos y 103 agresiones. El número de casos registrados en Red Malla (167) durante el 2021 superó a el número de casos contabilizados el año anterior (107 casos)  El año 2021 estuvo marcado por las movilizaciones que tuvieron lugar de manera unitaria y en paralelo alrededor del Estado español en el marco de la condena y encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Durante estas protestas, que tuvieron lugar durante el mes de febrero, se sistematizaron 58 vulneraciones, en su mayoría agresiones por parte de la policía contra las personas manifestantes.  Asimismo, el informe destaca la cifra recogida en la categoría de ‘Derecho a la vivienda’, la más elevada con diferencia, con un total de 139 vulneraciones sistematizadas.   El informe también hace hincapié en las agresiones a periodistas por parte de agentes de policía mientras estos cubren -como profesionales de la comunicación- contextos de protesta. El informe de 2021 recoge los casos, entre otros, de Guillermo Martínez y Fermín Grodira, encausados por falso testimonio tras denunciar agresiones por parte de la policía durante una cobertura en una manifestación contra Vox en...

La Red de observación de vulneraciones en contexto de protesta tras su activación durante las manifestaciones feministas del 25-N en Madrid y Barcelona

En Madrid, la Red de observación ha notificado a Delegación de Gobierno de Madrid y al Defensor del Pueblo que la mayoría de los agentes de la Policía Nacional no iban identificados con las medidas establecidas en la regulación legal respecto al Número de Operativo Policial (NOP). La Red recuerda que los agentes no vayan identificados de manera visible y clara, por delante y por detrás, dificulta el control de los eventuales excesos policiales.  Dicha notificación está acompañada de material gráfico recopilado por las observadoras desplegadas en la manifestación “Vallekas contra las violencias machistas”, que testimonia y acredita la veracidad de la información recopilada por la red, donde se deja constancia de 17 casos donde los agentes de la Policía Nacional no iban identificados con el Número Operativo Policial (NOP).  En Barcelona, de Red de Observación de Vulneraciones de Derechos en Contexto de Protesta –conocida como SomDefensores- ha comunicado a los actores pertinentes que la manifestación “Contra les violència masclistes: acusem, actuem” convocada por Novembre Feminista, que tuvo lugar en el centro de Barcelona, transcurrió sin incidentes. SomDefensores ha celebrado que su equipo de observadoras no documentó ninguna actuación policial desproporcionada y/o que se pudiera considerar una vulneración de los derechos de las manifestantes durante la jornada del 25N.  La plataforma DqD recuerda que la activación de un dispositivo de observación tiene un doble objetivo. Por una parte, quiere disuadir y atemperar las vulneraciones de derechos en contexto de protesta por su presencia en el terreno. Por otra parte, tiene la voluntad de documentar y recopilar todos datos necesarios que puedan ayudar a procesos de rendición de cuentas de las...
La prohibición de la concentración en apoyo a los activistas Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbir viola el derecho de reunión y manifestación

La prohibición de la concentración en apoyo a los activistas Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbir viola el derecho de reunión y manifestación

SOS Racismo Madrid y la plataforma estatal de defensa del derecho a la protesta, Defender a quien Defiende, denuncian que la prohibición, por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid, de la concentración en repulsa de la detención de los activistas Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbir, del miércoles 19 de octubre, frente al Congreso de los Diputados en Madrid, viola el derecho de reunión y manifestación.   La prohibición de esta protesta es un ejemplo más de las restricciones al derecho de reunión que presenta la legislación española. Las reuniones espontáneas, como la que nos ocupa, son parte del núcleo esencial del derecho de reunión, tal y como viene reiterando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde hace más de una década, y se definen como aquellas concentraciones de personas como respuesta inmediata a un suceso urgente.  La regulación española actual restringe de manera desproporcionada la celebración de estas reuniones, prohibiendo, de manera sistemática, aquellas que no cumplen con el restrictivo plazo legal de comunicación, trámite que en ningún caso es una solicitud de permiso para su celebración. El continuo incumplimiento por parte de las autoridades de la incorporación de este derecho, de obligado cumplimiento, en nuestra legislación permite actuaciones restrictivas de derechos fundamentales, como la que nos ocupa.  Ambas organizaciones exponen que el pasado 19 de octubre se produjo una limitación del ejercicio del derecho a la protesta, que supuso un recorte de libertades y derechos humanos, al no cumplir el criterio de proporcionalidad y necesidad amparado por el derecho internacional. Las protestas, organizadas por colectivos antirracistas y personas individuales, fueron programadas en diferentes ciudades del...