La plataforma Defender a quien Defiende, junto a más de una treintena de entidades referentes en materia de derechos humanos a nivel internacional, ha presentado un comunicado en que se expone que el espionaje digital no es legal ni democrático y exige una investigación independiente.
El pasado 18 de abril, el laboratorio Citizen Lab hizo pública una investigación que revelaba una amplia operación de espionaje contra diferentes personalidades catalanas y del País Vasco con las herramientas
PEGASUS y CANDIRU. Al menos 65 personas fueron atacadas o infectadas, entre ellas periodistas, abogados, miembros de organizaciones de la sociedad civil y representantes políticos (entre ellos presidentes de la Generalitat de Cataluña y miembros del Parlamento Europeo).
Hay que recordar que el software espía PEGASUS o CANDIRU accede a todo el contenido de los aparatos interceptados, incluyendo las fotografías y aplicaciones, así como el contenido de todas las comunicaciones y la activación remota de la cámara y el micrófono. Las organizaciones firmantes del manifiesto han pedido, en primer lugar, que se prohíba el uso de Pegasus y herramientas similares. Este programa, implementado por el grupo israelí NSO, vulnera el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.
Las consecuencias del espionaje en este caso van todavía más allá, al dirigirse contra activistas, periodistas, personalidades políticas y abogadas. El espionaje de personas defensoras de derechos humanos y periodistas supone una amenaza a la libertad de expresión y manifestación. Su uso contra abogados y abogadas implica también una vulneración del derecho de defensa y un ataque al secreto profesional, partes fundamentales de la tutela judicial efectiva, el juicio justo y base de cualquier democracia sujeta en el Estado de derecho.
Hoy por hoy, la ley 11/2002, que regula la actividad del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI) legitima la ejecución de investigaciones secretas sin concretar las circunstancias ni los mecanismos (no establece una limitación en relación en el uso de herramientas ni a su alcance). Esto abre un campo muy peligroso, puesto que la ley no garantiza a los particulares el grado mínimo de protección al cual tienen derecho en un estado democrático. Además, es una ley desactualizada: al ser del año 2002 no puede contemplar los supuestos del uso de la tecnología en las investigaciones.
Las organizaciones también remarcan que las injerencias publicadas por el estudio de The Citizen Lab no se tienen que entender de forma aislada, sino como parte de un conjunto de herramientas destinadas a la persecución de las voces críticas, a la disidencia política y a la reducción del espacio de la sociedad civil. Así mismo, es necesario fijarse en su uso a nivel internacional: Pegasus se ha usado para espiar defensoras de los derechos de las mujeres como Hala Ahed Deeb a Jordania y Ebtisam al Saegh a Bahreim, escritores críticos al gobierno indio como Rona Wilson (actualmente a prisión) o defensores de derechos humanos palestinos, como el abogado Salah Hammouri (también encarcelado) o los activistas Ubai Al-Aboudi y Ghassan Halaika.
Es por eso que estas organizaciones, referentes en materia de derechos humanos, exigen y recomiendan, en primer lugar, que se deje de usar Pegasus, así como otras herramientas similares, y que se lleve a cabo una investigación rápida, efectiva y garantista de los hechos expuestos por The Citizen Lab. Además, también piden que se revise la Ley 11/2002, que regula la actividad del CNI. Para acabar, se suman a las demandas del alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, que pide el levantamiento del velo corporativo por la prevención del espionaje, alertando de los peligros que esto supone y poniendo sobre la mesa la necesidad de la rendición de cuentas. En los últimos días, expertos de la ONU han hecho un llamamiento a sus estados miembro para paralizar la venta de spyware.
________________________________________________________________
El comunicado ha sido firmado por:
ACDDH – Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans / Addameer – Prisoner Support and Human Rights Association /AED – European Democratic Lawyers / ALA – Asociación Libre de Abogadas y Abogados /ALAZ – Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza /Alerta Solidària /Al Haq – Defending Human Rights /APDHA – Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía / Associació d’Advocats d’Osona en defensa dels Drets Humans / Bisan Center Research and Development / CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales / Civil Liberties Union for Europe (Liberties) / Col·lectiu Praga / Coordinadora de l’advocacia de Catalunya / ELDH – European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights / Erabakizaleak – Juristas por el Derecho a Decidir / Ecologistas en Acción /Esculca – Observatorio galego para a defensa dos dereitos civís e as liberdade / European Civic Forum / Fair Trials / IDHC – Institut de Drets Humans de Catalunya / Irídia – Institut de Drets Humans de Catalunya/ Irish Council for Civil Liberties / Juristes de les Terres de l’Ebre per les Llibertats / Juristes per la República de Tarragona / KHRC – Kenian Human Rights Commission / LaFede / Novact – Instituto Internacional por la Acción Noviolenta / OMCT, World Organisation Against Torture / Osabideak / OSPDH – Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos / RIS – Rights International Spain
