El pasado 4 de noviembre se llevó a cabo la jornada Seguridad, Activismo y Derechos Humanos, organizada por la coalición Defender a quien Defiende. En ella activistas, personas expertas en la materia y movimientos sociales compartieron información sobre las problemáticas asociadas a los procesos de securitización estatal e internacional, enmarcados en el discurso de lucha contra el terrorismo y los alcances de la llamada “Ley Mordaza” en relación a la protesta social.
La jornada se dividió en paneles durante la mañana y mesas de discusión participativas en la tarde. Los paneles, en los que participaron personas expertas, así como académicas y abogadas, plantearon cómo el control social aumenta, dando forma a cambios legislativos que restringen derechos como la libertad de expresión, reunión o manifestación. En las mesas participativas paralelas de la tarde, se discutió sobre miedo y control social en el espacio público, la vulneración del derecho a la información y el control de fronteras. El objetivo de estas reflexiones es crear un documento que proponga líneas de acción para frenar la criminalización de la protesta social y promover un activismo seguro.
La securitización ante las amenazas internacionales
El primer panel se centró en las medidas estatales y para-estatales adoptadas en Europa y Estados Unidos a raíz de la amenaza internacional que se implantó después del ataque a la revista francesa Charlie Hebdo, en enero de 2015, y tras años de análisis del control social derivado del atentado a las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York en el 2001. En el panel participaron Jorge Estévez, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, Felip Daza, co-director de Novact, Alberto López, profesor de la Universitat de Barcelona, Marusia López, parte de Asociadas por lo justo (JASS) e integrante de la Iniciativa Mesoamericana de Derechos Humanos y Alexis Kraland, fotoperiodista del medio francés Taranis News.
Felip Daza habló sobre los sistemas de seguridad implantados por los gobiernos estatales y locales para la vigilancia de la ciudadanía. Desde el fin de la Guerra Fría se da un proceso de privatización de la seguridad y con él, la externalización del monopolio de la violencia de los estados. Empresas militares, contratistas de los estados para asumir parte de su seguridad, se encargan de determinar qué es o no una amenaza para el estado y con ello se convierten en piezas claves para definir la política de seguridad de los estados. Un ejemplo de ello es la empresa Polarm International, contratista internacional en temas de “seguridad, protección e inteligencia” (como dicen en su eslogan), que, por ejemplo, ofrece el servicio de «retirada de manifestantes» como una medida de recuperación de la seguridad. Estas empresas, actuando en favor de sus intereses, terminan generando un clima de miedo general en sus informes y inseguridad entre los ciudadanos, y fortaleciendo la cultura de la violencia partiendo de la afirmación de que “el peligro está en todas partes y todas y todos somos una amenaza”.
Marusia López denunció en su intervención el dominio internacional de los llamados “poderes fácticos” privatizados y su secuestro de los Estados en América Latina y como ésto ha afectado a los movimientos populares. Recordó el exterminio sistemático de defensores y defensoras de derechos humanos en América Latina, especialmente el caso de la activista hondureña Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016, luego de recibir amenazas por sus actividades de defensa de los derechos de los indígenas y ambientales.
Alberto López, profesor de la Universitat de Barcelona, señaló que la amenaza Internacional ha revivido las políticas coloniales de vigilancia y señalamiento del enemigo, y Jorge Estévez, de la Universidad Autónoma de Madrid, afirmó que las políticas securitarias sirven no sólo para controlar la protesta social sino para evitar que haya movilidades no deseadas, como la migración.
El fotoperiodista francés A. Kraland, del medio francés Taranis News, explicó al público cómo el estado de emergencia, decretado en Francia a partir de los ataques de noviembre de 2015 en París, ha limitado la protesta y la organización social. El estado de emergencia se ha convertido, según el comunicador, en una oportunidad para saldar cuentas con pequeños delincuentes y con los activistas y movimientos sociales que son incómodos para el establishment. En su intervención, también destacó los métodos de seguridad usados durante la COP21 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2015) en contra de los activistas de la contracumbre, que condujeron a que ésta se viera fuertemente restringida y que se llegara, incluso, a la inmovilización de activistas específicos. “Estamos frente al reto, como activistas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, de identificar y dar a conocer a la ciudadanía los derechos exigibles bajo un Estado de Emergencia.” afirmó A.Kraland.
La protesta amordazada
El segundo panel del día se dedicó a la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, y que restringe severamente los derechos de reunión pacífica y la liberad de expresión en España. También se profundizó en el papel que han jugado la Fiscalía y la Audiencia Nacional en la implementación de medidas antiterroristas. En el debate participaron Diego Boza, abogado de APDHA Cádiz, Anaïs Franquesa, miembro del centro Irídia, Marta Mato, de la organización Stop Represión Granada y Carlos Ventura del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta social (FLEPS)
Diego Boza compartió con el público uno de los muchos ejemplos sobre los alcances de la ley de seguridad ciudadana y habló de las sanciones monetarias y penales a la protesta social y las herramientas legales que tenemos para enfrentarlas, hablando incluso de éxitos. Hizo hincapié en que la arbitrariedad de la ley Mordaza se dirige hacia la promoción de la impunidad de la policía y que aunque a veces parezca un camino sin salida, tenemos que seguir resistiendo.
Anaïs Franquesa comenzó su intervención recordando que la reforma del Código Penal y la implementación de la llamada “Ley Mordaza” la propuso CiU a raíz de la huelga general de 2012 en Barcelona. A partir de ese momento, pueden reconocerse, según la abogada, algunos casos emblemáticos en la implementación de la ley de seguridad ciudadana que nos permiten ver sus alcances: el caso Parlament y las Operaciones Pandora y Piñata. En ellos puede identificarse el alcance de la represión a las movilizaciones sociales y el uso del derecho penal para criminalizar la protesta. Franquesa afirma que para detener la organización social, desde la institucionalidad, primero se crea al enemigo, luego se desprestigia y finalmente se le criminaliza, tal como ha ocurrido en los casos mencionados y en muchos otros.
Marta Mato, por su parte, habló de la represión y el control a movimientos y activistas feministas en España. Mato afirma que el control a la protesta feminista se construye desde la iglesia y el estado más reaccionario. Según esta académica y activista, con la Ley Mordaza volvemos a la defensa de la seguridad y la familia y a establecer roles de género rígidos, muy ligados a la militarización de la sociedad. A través de esta ley se hace un seguimiento a los movimientos feministas, asumiendo que para controlar la protesta en la calle hay que controlar a las mujeres y sus cuerpos en la casa. «La represión al movimiento feminista es fuerte porque éste propone un cambio radical en las estructuras de poder», afirmó.
El panel de discusión lo cerró Carlos Ventura. Habló de la crisis de DDHH en México y del aumento de la represión de la protesta social. Se refirió especialmente al uso y limitación del espacio público y a los ejercicios de criminalización de la protesta en ciudad de México que han provocado que la gente deje de movilizarse. Dice Ventura: “Enfrentamos un panorama difícil para ejercer la protesta, pero hemos generado habilidades para enfrentar la criminalización. Consideramos que es clave cambiar el concepto de seguridad y orientarlo hacia la protección de DDHH y no hacía la represión”.
Mesas de discusión
La segunda parte de las jornadas se dedicaron a abrir espacios de debate en las que las participantes pudiesen construir, desde distintas perspectivas, un documento de reflexión para establecer líneas estratégicas que nos permitan enfrentar, como activistas, las medidas represivas impuestas por la securitización estatal.
La mesa de reflexión sobre control de fronteras, racismo y represión contó con la presencia de miembros de Tanquem els CIES, CCAR y SOS Racisme, además de las personas participantes interesadas en el tema. En ella, se discutieron las condiciones de las refugiadas y de las personas solicitantes de asilo en España. Así mismo se reflexionó sobre las condiciones actuales del control de las fronteras españolas y la vulneración de los derechos tantos de las personas refugiadas como de aquellas que migran por “razones económicas”.
En la mesa de discusión sobre espacio público, miedo y control social, participaron el Sindicato de Manteros, Defender a quien Defiende e integrantes de Poble Sec Feminista. Se expusieron diferentes situaciones de vulneración de libertades en el espacio público por parte de agentes estatales y se reclamó, por parte de los participantes, un enfoque más integral de la seguridad, que recoja el cumplimiento de los derechos fundamentales y sobre todo, se habló de la necesidad de fomentar un cambio cultural respecto a qué es inseguridad, violencia y defensa.
Por su parte, la mesa de discusión sobre la vulneración del derecho a la información y la limitación de la libertad de expresión, fue dinamizada por miembros de los diarios Diagonal y La Directa, Xnet, y la Plataforma en Defensa por la Libertad de expresión. En esta mesa se discutió sobre los mecanismos de la Ley Mordaza para la censura de los periodistas y los medios de contrainformación, las tecnologías para detectar activistas en Internet y las estrategias para seguir haciendo información responsable e imparcial sin ser sancionados por nuevas normativas.
En el cierre de las jornadas se leyeron las conclusiones de cada una de las mesas de discusión y se presentó al público la herramienta Malla – Red de soporte ante la represión que busca mapear las represiones a la protesta social en el Estado español, permitiendo que las personas denuncien (de forma anónima y en condiciones de seguridad) casos de detenciones, multas, malos tratos y criminalización de la protesta social por parte de agentes de seguridad del estado o de seguridad privada. Es una herramienta pensada para hacer frente a la represión, reuniendo relatos y sistematizando denuncias, en colaboración activa de colectivos, entidades, grupos de investigación y todas aquellas que estén dispuestas a promover y defender un #Activismoseguro.
