La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha abierto un expediente sancionador bajo el marco de la Ley Mordaza contra un vecino de la capital gaditana por la difusión que éste hizo en redes sociales de una actuación de tres agentes con un vendedor ambulante en plena calle.
Una sanción de 600 euros por la difusión del vídeo, con un plazo de dos semanas para presentar alegaciones. «La escena se desarrolla en el espacio público (c/La Rosa) ante la presencia de viandantes y vecinos que iban acercándose para conocer lo que provocaba los lamentos del pescadero y la tensión de la escena. Finalmente el pescado fue requisado y fin de esta historia, una más de las que suceden cada día y de las que la ciudad de Cádiz es bien conocedora. Pero en esta ocasión las imágenes quedaron recogidas por alguna de las personas presentes y aquellas que no estuvimos en el lugar, conocimos un poco mejor la realidad y el significado de las cifras de desempleo, precariedad y riesgo de exclusión que acumula Cádiz. Podríamos decir que es un interesante material para la reflexión de la sociedad en general», explican las compañeras de la APDHA en un comunicado realizado al respecto.
La denuncia fue interpuesta a título personal por los propios agentes, pero el expediente sancionador se ampara en la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, también conocida como Ley Mordaza. En dicha Ley, el artículo sobre el que se basa la sanción al vecino de Cádiz especifica que es sancionable el uso no autorizado de imágenes de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que «puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación”.
La interpretación arbitraria del artículo puede limitar la libertad de información y crear temor a la hora de denunciar, con todas las herramientas posibles, aquellas vulneraciones de derechos de las que somos testigo. Sin embargo, a pesar de la ambigüedad, el derecho a la información prevalece si se trata de un agente en el ejercicio de sus funciones en el espacio público.
Desde Defender a quien Defiende apuntamos, como ya hemos hecho en otras ocasiones, la necesidad de derogar la Ley Mordaza por su claro ataque a libertades y derechos básicos, como son la libertad de información y expresión. Supone un retroceso en las libertades y nos sitúa en un contexto en el que la disidencia y la movilización pasan a ser consideradas un enemigo para la seguridad ciudadana. En estos momentos, la capacidad de resistencia reside en nuestra habilidad para interpretar, entender las consecuencias y fisurar una ley que desconfía de una ciudadanía organizada y activa por la justicia social. Debemos interpretarla de la manera más garantista posible, seguir luchando y evitar que la sensación del miedo nos paralice en el ejercicio de nuestros derechos.
