2025: More repression, greater intensity against protest

2025: More repression, greater intensity against protest

Defender a quien Defiende presents its annual report on the state of the right to protest in Spain, confirming a worrying intensification of repression. In 2025, 380 cases were documented, involving 1,956 rights violations and 1,771 affected individuals — an increase of 66.7% compared to the previous year. The report finds that this increase is driven both by a rise in social mobilisation and by a hardening of the repressive response, which has grown not only in number but also in intensity. In this context, protests in solidarity with Palestine once again emerge as the most affected area, accounting for nearly a quarter of all documented cases. They are followed by mobilisations around housing and squatting, as well as the antifascist movement, which for the first time ranks among the most affected areas. Together, these three account for close to 60% of the cases recorded in 2025. The report also identifies a shift in the forms of repression, with an increase in more severe interventions. Detentions and violations of physical and moral integrity stand out in particular, affecting a significant number of individuals and pointing to a more intensive use of force. It also confirms the consolidation of different repressive pathways (criminal, administrative and police) within a decade marked by the enforcement of the so-called “gag laws”, which have contributed to a regression in rights and freedoms. The report further warns of the continued and increasingly sophisticated use of practices such as police infiltration, disproportionate use of force and the expansion of surveillance technologies in public space, reinforcing a broader trend of control and restriction of the right to...
2025: Más represión, más intensidad contra la protesta

2025: Más represión, más intensidad contra la protesta

Defender a quien Defiende presenta su informe anual sobre el estado del derecho a la protesta en España, que confirma una intensificación preocupante de la represión. En 2025, se documentaron 380 casos, con 1.956 vulneraciones y 1.771 personas afectadas, lo que supone un aumento del 66,7 % respecto al año anterior. El informe señala que este incremento responde tanto a un aumento de la movilización social como a un endurecimiento de la respuesta represiva, que no solo crece en número sino también en intensidad. En este contexto, las protestas en solidaridad con Palestina vuelven a situarse como el ámbito más afectado, concentrando cerca de una cuarta parte de los casos documentados. Le siguen las movilizaciones por la vivienda y la okupación, así como el movimiento antifascista, que entra por primera vez entre los ámbitos con mayor nivel de afectación. Entre los tres concentran cerca del 60 % de los casos registrados en 2025. El informe también constata un cambio en las formas de represión, con un aumento de las intervenciones de mayor gravedad. Destacan las detenciones y las vulneraciones de la integridad física y moral, que concentran una parte significativa de las personas afectadas y evidencian un uso más intensivo de la fuerza. Asimismo, se consolida la combinación de distintas vías represivas (penal, administrativa y policial) en el marco de una década de aplicación de las llamadas Leyes Mordaza, que han contribuido al retroceso en derechos y libertades. El informe también alerta sobre la continuidad y sofisticación de prácticas como las infiltraciones policiales, el uso desproporcionado de la fuerza y la expansión de tecnologías de vigilancia en el espacio...

Defender a quien Defiende ante el ciclo de movilizaciones masivas y mundiales en solidaridad con Palestina

La plataforma de defensa y protección del derecho a la protesta, Defender a quien Defiende, expresa su solidaridad, apoyo y profundo respeto y admiración a las flotillas rumbo a Gaza, a los millones de manifestantes que inundan las calles cientos de ciudades del mundo y a todas aquellas personas que forman parte de los movimientos en solidaridad con Palestina y que están utilizando su legítimo derecho a la protesta en solidaridad con el pueblo palestino.  El derecho a la protesta es un mecanismo esencial para la transformación social.  A nivel histórico, la posibilidad de mostrar desacuerdo ante hechos injustos perpetrados por agentes poderosos ha sido esencial para la consecución, mantenimiento y protección de los derechos humanos fundamentales.    Las acciones de desobediencia civil, las concentraciones, huelgas, sentadas o cortes de circulación forman parte del derecho de los pueblos a protestar y están reconocidas por el derecho internacional como una forma legítima de acción.  Si bien en el caso de la solidaridad con Palestina las movilizaciones están siendo masivas y globales, se han encontrado, todas ellas sin excepción, con la respuesta represiva y a menudo violenta de los Estados. España no es una excepción.   Con el fin de hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza, las flotillas han realizado actos de desobediencia civil sin precedentes, protagonizadas por cientos de personas.  La respuesta a este ejercicio de solidaridad y protesta ha sido contundente: detenciones masivas, humillaciones y acusaciones de terrorismo. Estas acciones han sido posibles gracias a miles de personas coordinadas que han estado pendientes, movilizadas y apoyando con otros aspectos logísticos y dando soporte desde múltiples territorios.  Las protestas que han tenido lugar desde...
2024: Un año de represión contra la protesta

2024: Un año de represión contra la protesta

Defender a quien Defiende presenta su informe anual sobre el estado del derecho a la protesta en España, revelando un alarmante aumento de la represión. En 2024, se registraron 1.140 vulneraciones de derechos en 228 casos documentados, una cifra equivalente a la suma de las vulneraciones registradas en 2022 y 2023 juntos.  El informe evidencia que las protestas en solidaridad con Palestina han sido las más reprimidas en 2024, con: 34 detenciones, 133 identificaciones, 16 casos de represión judicial y más del 58% de los casos de censura en el Estado español. Esta tendencia ya se detectó en 2023, cuando, en solo tres meses, el movimiento solidario con Palestina se convirtió en el cuarto más perseguido. Esta tendencia no es exclusiva de España, sino una tendencia global. Uno de los casos más graves documentados en el informe ocurrió el 6 de octubre de 2024 en Santiago de Compostela, donde una gran manifestación en apoyo a Palestina terminó con 9 personas detenidas, que ahora enfrentan procesos judiciales por supuestos delitos contra el orden público y lesiones a los agentes.  El informe también destaca la represión contra el movimiento por el derecho a la vivienda, que continúa siendo el segundo más criminalizado, y el auge de la lucha contra la turistificación, que ha cobrado un nuevo protagonismo en 2024. Además, se confirma la consolidación de métodos represivos previamente documentados, como el espionaje estatal a través de infiltraciones policiales y el uso del software espía Pegasus. A pesar de que han pasado tres años desde la exposición del primer caso, el Estado sigue sin asumir responsabilidades ni ofrecer respuestas. Este año, la investigación...

La Red de Observación de Granada denuncia graves vulneraciones de derechos por parte de la Policía Nacional durante la actuación ilegal, sin orden judicial, de AMA Desokupa

La Red de Observación de Vulneraciones en Contexto de Protesta de Granada, perteneciente a la plataforma Defender a quien Defiende, denuncia decenas de vulneraciones antes, durante y después del intento de desalojo coordinado entre agentes de la Policía Nacional y la empresa AMA Desokupa.  Los hechos se remontan a la mañana del pasado lunes 20 de enero cuando más de una decena de presuntos trabajadores de la empresa AMA Desokupa se presentaron en la calle Azacayas de Granada con la intención de desalojar el Centro Social Okupado (CSO) La Madriguera. Bajo ninguna circunstancia individuos o empresas privadas están autorizadas a sacar por la fuerza a personas de su casa. El uso de la fuerza y violencia contra personas en su domicilio es contraria a la ley, pudiendo constituir delito de allanamiento de morada, de lesiones, de daños, amenazas o coacciones.  Por la información a la que se ha podido acceder —tanto por la prensa como por activistas de La Madriguera—, no existía orden judicial. Aun así, la Red recuerda que, en caso de que hubiera orden judicial, bajo ningún precepto sería AMA Desokupa la encargada de efectuar el desahucio.   A través del análisis riguroso de vídeos proporcionados por testimonios anónimos y publicados en prensa, la Red de Observadoras denuncia la gravedad de la colaboración explícita entre el cuerpo de la Policía Nacional y la empresa AMA Desokupa durante el intento de desalojo. Los agentes que realizaron el operativo encubrieron la actuación ilegal de la presunta empresa, cargando contra las personas que se encontraban delante del CSO. Además, la Red pone de manifiesto la desproporción que caracterizó la actuación policial...
Defender a quien Defiende denuncia más de mil vulneraciones de derechos en contexto de protesta en los últimos dos años

Defender a quien Defiende denuncia más de mil vulneraciones de derechos en contexto de protesta en los últimos dos años

Defender a quien Defiende denuncia 1.184 vulneraciones de derechos en contexto de protesta —detenciones, multas, amenazas, afectaciones a la integridad psicofísica, identificaciones y/o encausamientos—, en un total de 261 casos recogidos en los últimos dos años. Estas cifras son el resultado del monitoreo y la sistematización que ha registrado la plataforma en su informe Diagnóstico del Derecho a la Protesta: Vulneraciones de derechos en el Estado español 2022-2023, presentado el 22 de febrero en Madrid. La investigación combina el análisis de datos cuantitativos con las aportaciones de personas y organizaciones expertas en la materia, como Amnistía Internacional o Red Jurídica.   De las más de mil vulneraciones recogidas, 314 forman parte del año 2022 y 870 del año 2023. De los casos recogidos, 83 se documentaron en el año 2022 y 178 en el año 2023, los datos publicados en el informe no representan los números totales de la vulneración a la protesta en el Estado español. Esto se debe a que no existe ningún mecanismo de recuento global por parte de la administración y, por consiguiente, no se cuenta con cifras oficiales ni con los recursos ni información suficientes.   La investigación alerta y analiza, gracias a los análisis de expertos, las herramientas utilizadas por el Estado para acallar la protesta social. Algunas, viejas conocidas como la utilización del articulado impreciso de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, o el Código Penal. También otras como la infiltración policial en movimientos sociales, el uso de software espía o los procedimientos judiciales contra actores de la sociedad civil acusados de terrorismo y organización criminal, como son los casos...