- Representantes de diez entidades se unen a la plataforma No Somos Delito para reclamar cambios más profundos frente al Congreso en la semana clave en las negociaciones para la reforma de Ley de Seguridad Ciudadana.
- Las entidades participantes son las siguientes: Amnistía Internacional, Asociación Libre de Abogadas y Abogados, Coordinadora de Vivienda en Madrid, Defender a Quien Defiende, Federación de Sindicatos de Periodistas, Greenpeace, Irídia, No Somos Delito, Plataforma por la Libertad de Información, Rights International Spain y Sindicato de Manteros.
Con una mordaza frente al Congreso de los Diputados, representantes de diez entidades y colectivos junto a la plataforma No Somos Delito han expresado así, en las escaleras de entrada del Parlamento, la necesidad de “aprovechar la última oportunidad” que suponen las negociaciones sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para “quitarnos de una vez todas las mordazas” que se mantienen aún en el proyecto de reforma presentado.
“Amordazada, así está la sociedad civil en nuestro país desde que se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana en 2015 y lo seguirá estando si no se acuerdan a partir de hoy cambios significativos en las negociaciones entre los partidos que tendrán lugar esta semana. Por eso pedimos a los grupos parlamentarios que cumplan con sus compromisos y podamos volver a disfrutar del derecho a la protesta y la libertad de expresión de forma plena”, afirmó Sol Román, portavoz de No Somos Delito.
Desde estas entidades reclaman a los partidos, en particular a los que forman parte del Gobierno y sus apoyos parlamentarios, que escuchen a las miles de personas y más de 130 organizaciones y colectivos que el pasado 13 de febrero se lanzaron a la calle en 25 ciudades bajo el lema “Ni Ley Mordaza ni mordaza maquillada”. Las entidades quisieron recordar particularmente el compromiso del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien tras su investidura anunció que su Ejecutivo iba a “avanzar en derechos derogando la ley Mordaza, porque ninguna sociedad realmente libre persigue la libertad de expresión”.
“Ayer se cumplieron dos años de la declaración del Estado de Alarma durante el cual documentamos numerosas sanciones arbitrarias que fueron posibles gracias a esta norma. En los próximos días los partidos tienen una nueva oportunidad de recuperar el retroceso de derechos que se produjo hace siete años y que nuestra ley sea realmente una garantía de derechos y libertades, acorde con los estándares que marcan organismos como las Naciones Unidas o el Consejo de Europa”, reivindicó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional.
“La protesta pacífica es un síntoma de salud democrática que la Ley Mordaza lleva ya demasiados años acorralando. Es en estos tiempos complejos cuando más necesitamos las voces de los y las activistas que salen a las calles a señalar a las empresas contaminantes o a exigir al Gobierno mayor ambición climática. Necesitamos una Ley de Seguridad Ciudadana que garantice verdaderamente el derecho a la protesta, dejando atrás la criminalización de los movimientos sociales que la Ley Mordaza nos legó”, ha señalado Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España.
En el acto de protesta estuvieron presentes además representantes de las siguientes entidades y colectivos: Asociación Libre de Abogadas y Abogados, Coordinadora de Vivienda en Madrid, Defender a Quien Defiende, Federación de Sindicatos de Periodistas, Irídia, Plataforma por la Libertad de Información, Rights International Spain y el Sindicato de Manteros.
Puntos clave para quitar la mordaza
Desde las organizaciones señalan que, a pesar de algunos avances, en el actual borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana propuesto por los partidos de gobierno, se mantienen ocho elementos preocupantes:
– “Resistencia, desobediencia o negativa a identificarse» (36.6) y «faltas de respeto a la autoridad» (37.4). Estos dos artículos han supuesto más del 70% de las sanciones en materia de seguridad ciudadana entre 2015 y 2019. Ninguno de ellos se modifica en la actual propuesta.
– No se eliminan las infracciones por publicar imágenes de las fuerzas de seguridad, lo cual vulnera gravemente la libertad de información.
– No se establece un mecanismo independiente de supervisión de la actuación policial que entre otras cosas sirva para evitar la arbitrariedad en sus actuaciones así como prevenir posibles denuncias falsas.
– El acuerdo aparca la prohibición de las expulsiones sumarias y colectivas, conocidas como “devoluciones en caliente” y contrarias al derecho internacional, y se limita a derivar la cuestión a la reforma de la Ley de Extranjería.
– No hay una prohibición expresa de las redadas y las identificaciones racistas, por lo que queda abierta la posibilidad de que se sigan produciendo, lo cual contradice las recomendaciones de diferentes organismos internacionales
– No se elimina el artículo 36.11, cuya aplicación supone que las mujeres que ejercen la prostitución y víctimas de trata se vean obligadas a ejercer en lugares aislados, expuestas por tanto a mayores peligros de abuso.
– Aunque se indica que se deben “utilizar siempre los medios menos lesivos”, no hay una prohibición expresa al uso de balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad.
– Se reconoce el derecho a manifestación espontánea sin comunicación previa, pero se mantiene una sanción a los organizadores en caso de “alteración del orden público”.
Para las entidades mencionadas, si no se cambia sustancialmente el proyecto de reforma en estos puntos clave, se mantendrán las amenazas al derecho de protesta de los movimientos sociales, los medios de comunicación seguirán viendo mermada su libertad de información, y se perpetuará la discriminación y la indefensión de colectivos como migrantes, personas refugiadas, mujeres que ejercen la prostitución, víctimas de trata o personas sin hogar.
