La plataforma señala una intensificación de la represión contra el movimiento ecologista que afecta gravemente al derecho a la protesta.
10 de julio de 2023.- La plataforma Defender a quien Defiende (DqD) ha identificado que en los últimos dos años las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español han endurecido su acción a la hora de reprimir las protestas del movimiento ecologista. Dentro de este marco, la plataforma ha dado seguimiento y sistematizado la respuesta represiva contra Futuro Vegetal, siendo un caso paradigmático y representativo que permite ilustrar la criminalización y persecución que está sufriendo el movimiento ecologista. Futuro Vegetal es un colectivo de desobediencia civil que pretende señalar a las empresas y gobiernos responsables de la crisis climática y ecosocial.
Desde enero de 2022 hasta hoy, la plataforma ha contabilizado al menos 131 vulneraciones de derechos, documentadas en un total de 34 acciones realizadas por el colectivo ecologista. Entre las vulneraciones sistematizadas destacan 49 detenciones y, en algunos casos, con uso excesivo de la fuerza (30 de ellas se produjeron sólo durante el mes de abril) y 5 casos de presuntos malos tratos, tortura y humillaciones en comisaría. Es importante señalar que el colectivo tiene 29 procedimientos penales abiertos y se enfrenta a una reclamación de, como mínimo, 57.800 euros.
Entre los datos sistematizados en 2023, la plataforma denuncia también que hubo 3 periodistas detenidas, 1 periodista encausada por daños y 4 periodistas identificadas, cacheadas y registradas en el lugar de los hechos, por lo que se obstaculizó su tarea periodística. DqD apunta que, a pesar de que las periodistas que cubren las acciones del colectivo no forman parte de él, se ven frecuentemente afectadas con la misma respuesta represiva que las activistas. Estos hechos implican una vulneración del derecho a la información que se debería asegurar, aún más en un contexto de protesta.
Entre las vulneraciones documentadas, la plataforma manifiesta que es especialmente alarmante la situación que están sufriendo las activistas en comisaría durante sus detenciones. El tiempo que quedan retenidas excede los procedimientos habituales (una media de entre 6 y 78 horas). Además, se ha podido documentar la exposición a todo tipo de insultos y humillaciones durante la detención, usando en algunos casos presuntas amenazas a la violencia directa. Asimismo, las detenidas declaran que a las personas vegetarianas y/o veganas se les ha negado la posibilidad de comer durante su tiempo en comisaría sin ningún tipo de explicación. De esta manera, DqD también ha detectado un sesgo de género por el trato diferencial que refieren las mujeres detenidas. Ejemplo de ello es el trato que declaran recibir tres activistas que fueron detenidas en junio de 2023. Se les obligó a orinar y cambiarse de ropa con las puertas abiertas, mientras pasaban policías varones por delante, ridiculizándolas con todo tipo de comentarios y vejaciones. En este mismo caso, declaran que se les negó la privacidad en la llamada personal a la que tenían derecho, así como el encuentro con su abogada. Ambos tuvieron lugar en una sala con agentes donde el sonido se reprodujo por medio de un altavoz.
En este sentido, la plataforma recuerda que Futuro Vegetal se ha visto afectado por una infiltración policial que fue destapada en marzo de 2023 por la publicación El Salto. Este tipo de operaciones policiales son innecesarias e injustificables en un Estado de derecho democrático, ya que vigilan y condicionan un espacio de la sociedad civil que es imprescindible para articularse y organizarse.
La intensificación de la violencia contra el movimiento ecologista, ejemplificada por la situación alarmante que vive el colectivo Futuro Vegetal, permite apreciar un cambio de paradigma relativo a la criminalización a la que lleva enfrentándose el movimiento ecologista en el Estado español desde hace años, entre los que se incluyen también: Greenpeace, Ecologistas en Acción, Rebelión Científica, Extinction Rebellion o Fridays for Future. Por todo ello, la plataforma enfatiza que los datos sistematizados no se pueden entender de manera aislada, dado que forman parte de una campaña de criminalización e intimidación contra el movimiento ecologista que se está realizando en el Estado español, así como en la Unión Europea; en particular, en países como Reino Unido, Francia o Bélgica.
Por todo lo mencionado, la plataforma estatal de protección al derecho a la protesta, Defender a quien Defiende, recuerda que el derecho a la protesta es básico como uno de los mecanismos efectivos de participación ciudadana en asuntos públicos. Esto está reconocido en la normativa estatal (artículo 21) e internacional a través del derecho de reunión y manifestación. Asimismo, DqD apunta que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce la desobediencia civil como una forma legítima de acción. Cabe recordar que tal como denuncia la plataforma, en junio de 2022, las Naciones Unidas precisaron que era necesario generar una figura específica centrada exclusivamente en la protección de las personas activistas medioambientales. En este sentido, crearon el actual relator de Nacions Unides sobre los defensores y defensoras medioambientales, que visitó el Estado español el pasado mes de mayo.
Ante la gravedad de los hechos expuestos, Defender a quien Defiende:
1. Denuncia que todas estas actuaciones policiales son desproporcionadas y abusivas, y tienen una voluntad de desarticular y castigar a un movimiento activo en la actualidad en el Estado español.
2. Señala una intensificación de las metodologías represivas contra este movimiento ecologista, ya sea por medio de herramientas que producen un efecto intimidatorio en los movimientos sociales, o condicionando además el espacio cívico para la protesta.
3. Reclama que el marco legislativo español (particularmente la Ley Mordaza y el Código Penal) se adecue al derecho internacional de derechos humanos, tal como han cuestionado y señalado diferentes organismos internacionales. Como más ambigua e imprecisa sea una ley, más desproporcionada es su aplicación contra de la sociedad civil.
4. Advierte de que estas herramientas solo se pueden entender en un marco represivo de vulneración de derechos fundamentales y que tienen un impacto evidente en los derechos individuales y colectivos de las activistas, criminalizando no solo su actuación, sino su existencia. En definitiva, ponen en evidencia, una vez más, la falta de mecanismos eficaces de rendición de cuentas de los cuerpos policiales, un hecho que provoca casos de extralimitación por el uso desmesurado de la fuerza.
