Defender a quien Defiende registra 330 incidentes relacionados con la policía durante el Estado de Alarma

La plataforma Defender a quien Defiende registra 330 incidentes relacionados con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. La organización ha monitoreado la actuación de la policía con la finalidad de registrar y denunciar posibles actuaciones abusivas y vulneraciones de derechos desde mediados de marzo de 2020 hasta principios de julio de 2020.  De los 330 incidentes registrados, 70 corresponden a casos de malos tratos. Todos los datos están recogidos en el dossier que la plataforma hace público hoy.

Defender a quien Defiende ha registrado más de un centenar de  identificaciones aleatorias además de decenas de casos de  trato verbal racista, amenazas, registros, cacheos, allanamientos de morada, retenciones y detenciones. La plataforma ha disgregado, para un análisis más profundo, los casos protagonizados por mujeres, personas racionalizadas y/o migrantes o  personas LGTBI. También recoge vulneraciones a  periodistas o  redes de apoyo mutuo vecinales. Los incidentes registrados se han recibido a través de los canales de comunicación de la Plataforma, así como aquellos casos detectados en las redes sociales.

El dossier no sólo expone todos los datos procesados y sistematizados sino que además cuenta con  cinco casos con testimonios en primera persona recogidos por la plataforma: el caso de una  agresión y detención a un trabajador en su descanso laboral, el testimonio de una agresión y vejaciones racistas a una persona en la puerta de su domicilio, la multa a una mujer con un grado de discapacidad del 45% mientras paseaba a su perro con sus hijos, la detención abusiva y agresión a una persona que había salido a comprar medicamentos para su hijo y la presunta detención ilegal y malos tratos a una mujer que se mostró en contra de una manifestación de Vox. El documento recoge también otros trabajos realizados por la plataforma, como el acompañamiento en la primera atención jurídica a más de 200 personas, las comunicaciones oficiales a Ministerio y Defensoría del pueblo y la creación de  guías, manuales y vídeos para la autoprotección y el conocimiento de los derechos por parte de la ciudadanía. 

El estado de alarma ha sumido a parte de la población en un marco de inseguridad jurídica. Desde el principio de esta crisis socioeconómica, el problema sanitario se ha enmarcado en un modo securitario. Una perspectiva que fomenta la aplicación del punitivismo y la represión como solución principal a través, en este caso,  de la Ley Mordaza.  Defender a quien defiende recuerda que dicha  ley ha sido ampliamente cuestionada por los órganos internacionales de derechos humanos por ser una ley que viola los derechos fundamentales, debido a su lenguaje ambiguo que favorece las interpretaciones violatorias de los derechos, el poder que otorga a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para decidir lo que es y lo que no es punible y por  contener artículos que atacan directamente la libertad de expresión, manifestación e información.