Defender a quien Defiende reactiva su campaña #AlarmaConDerechos como respuesta a la implantación del segundo estado de alarma del año. Esta labor tiene como finalidad el registro y la denuncia de posibles actuaciones abusivas y vulneraciones de derechos cometidas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. La plataforma, durante el primer estado de alarma, registró 330 incidentes de los cuales 70 correspondieron a casos de malos tratos.
La plataforma alerta que este nuevo estado de alarma contiene dos aspectos preocupantes para el ejercicio de los derechos fundamentales: la duración, prorrogable hasta seis meses (del 9 noviembre del 2020 al 9 de mayo del 2021) y la delegación de competencias a las comunidades autónomas, que podrán decidir la aplicación de las medidas que consideren necesarias para el control de la pandemia. Este segundo estado alarma parece sostener un clima de restricciones de baja intensidad al no contar con un confinamiento domiciliario como el que se vivió durante la primera ola de la pandemia.
Este nuevo marco jurídico supone un riesgo para el ejercicio de derechos civiles y políticos ya que no existe ningún protocolo para protegerlos. La plataforma recalca que se deja a juicio de cada comunidad autónoma la decisión de si una manifestación o reunión política supone o no un riesgo para la salud pública, afianzando la inseguridad jurídica a la que estamos sometidas desde marzo del 2020. De manera paralela, continúan las vulneraciones de derechos en contextos de protesta, como las acontecidas el mes de septiembre en la manifestación por salud pública en Vallecas (Madrid), cuando Defender a quien Defiende puso en conocimiento al Ministerio de Interior de cuatro situaciones de violencia policial desproporcionada.
Para relanzar la campaña #AlarmaConDerechos la plataforma ha reactivado todas las redes de apoyo, organizaciones, colectivos, y expertas legales que aglutina en todo el estado español. En este contexto, las organizaciones que conforman Defender a quien Defiende instan de nuevo a que el Gobierno garantice la correcta identificación de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad para permitir la depuración de responsabilidades en caso de vulneración de derechos y solicita que emita instrucciones claras que prohíban las identificaciones por perfil racial.
