Exigimos la derogación de leyes que atentan directamente contra los derechos humanos

El 26 de marzo de 2015, en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular aprobaba con su mayoría absoluta la reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley Antiterrorista en contra de la gran mayoría de grupos parlamentarios. Este proceso nos sitúa en una realidad de estado autoritario, policial y represor que entiende la disidencia y la movilización ciudadana como un “enemigo”.

Desde la coalición Defender a quien Defiende denunciamos el retroceso en las libertades que suponen ambas leyes. El derecho a la libertad de reunión pacífica y expresión quedan restringidos y la protesta social se criminaliza. Se incrementa la discrecionalidad y las sanciones económicas, por encima de las decisiones judiciales; se amplia el concepto de terrorismo incluyendo cualquier acto que altere la “paz pública”; y una nueva enmienda a la ley de extranjería española que limita aún más los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

En Enero de 2015, durante el segundo Examen Periódico Universal de la ONU a España ya se puso de manifiesto la preocupación por la falta de libertades civiles y políticas, y medidas como la prisión incomunicada. También, el comisario europeo de derechos humanos, Nils Muiznieks, mostró inquietud ante las “restricciones” planteadas por el Ministerio de Interior “en una sociedad democrática” en esta materia. De hecho, Naciones Unidas ha vuelto a pedir la retirada de estas Leyes que “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos” y “socavan los derechos de manifestación y expresión” en el país. La advertencia ha sido lanzada esta semana por cinco relatores miembros de los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos.

España ha ratificado cerca de 19 convenios en materia de derechos humanos desde 1977, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Pese a ello, el país sufre hoy un retroceso democrático que nos sitúa en un contexto que no se vivía desde hace 40 años.

Ambas normas entraran en vigor el 1 de julio, por tanto, desde hoy mismo:

EXIGIMOS la derogación de leyes que atentan directamente contra los derechos humanos y que sitúan a España en uno de los mayores retrocesos democráticos desde hace 40 años;

APUNTAMOS la necesidad de tener en consideración las demandas de la sociedad civil, los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales para redactar y/o aprobar normas legales que limitan libertades. Sobre todo, teniendo en cuenta que cerca de 82% de la población española pide cambiar o retirar leyes como la de Seguridad Ciudadana.

ANIMAMOS a todas las personas a utilizar la no cooperación y la desobediencia civil, en todas sus dimensiones, como método legítimo para demostrar nuestro rechazo a dichas leyes, sin miedo a la represión y con determinación para seguir conquistando derechos y libertades por un país más justo social y políticamente.