Defender a quien Defiende reactiva el monitoreo de vulneraciones de derechos  durante el segundo estado de alarma del año

Defender a quien Defiende reactiva el monitoreo de vulneraciones de derechos durante el segundo estado de alarma del año

Defender a quien Defiende reactiva su campaña #AlarmaConDerechos como respuesta a la implantación del segundo estado de alarma del año. Esta labor tiene como finalidad el registro y la denuncia de posibles actuaciones abusivas y vulneraciones de derechos cometidas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. La plataforma, durante el primer estado de alarma, registró 330 incidentes de los cuales 70 correspondieron a casos de malos tratos.  La plataforma alerta que este nuevo estado de alarma contiene dos aspectos preocupantes para el ejercicio de los derechos fundamentales: la duración, prorrogable hasta seis meses (del 9 noviembre del 2020 al 9 de mayo del 2021) y la delegación de competencias a las comunidades autónomas, que podrán decidir la aplicación de las medidas que consideren necesarias para el control de la pandemia. Este segundo estado alarma parece sostener un clima de restricciones de baja intensidad al no contar con un confinamiento domiciliario como el que se vivió durante la primera ola de la pandemia.   Este nuevo marco jurídico supone un riesgo para el ejercicio de derechos civiles y políticos ya que no existe ningún protocolo para protegerlos. La plataforma recalca que se deja a juicio de cada comunidad autónoma la decisión de si una manifestación o reunión política supone o no un riesgo para la salud pública, afianzando la inseguridad jurídica a la que estamos sometidas desde marzo del 2020. De manera paralela, continúan las vulneraciones de derechos en contextos de protesta, como las acontecidas el mes de septiembre en la manifestación por salud pública en Vallecas (Madrid), cuando Defender a quien Defiende puso en conocimiento al Ministerio de...
Defender a quien Defiende solicita al Ministerio de Interior que investigue los casos de violencia policial sucedidos en Madrid el último mes

Defender a quien Defiende solicita al Ministerio de Interior que investigue los casos de violencia policial sucedidos en Madrid el último mes

La plataforma pone en conocimiento del Ministerio de Interior, a través de un escrito dirigido a Grande-Marlaska, cuatro situaciones de violencia policial sucedidas en Madrid el último mes. Defender a quien defiende insta además al Gobierno a que se garantice en todo el Estado la correcta identificación de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad  para permitir la depuración de responsabilidades y que emita instrucciones claras que prohíban las identificaciones por perfil racial.  Defender a quien Defiende denuncia en este escrito que durante la protesta que tuvo lugar en Vallecas el 24 de septiembre en favor de la sanidad pública, un agente de las Unidades de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía golpeó con la porra la cabeza de un manifestante; otro agente redujo a una persona en el suelo, boca abajo, colocando la rodilla sobre su cuello; y un tercero golpeó con su casco la cabeza de un retenido. En las imágenes de la concentración se observa, además, que los agentes no se encontraban debidamente identificados con el Número de Operativo Policial (NOP).  La plataforma denuncia además que, bajo el Estado de alarma declarado el día 9 de octubre en Madrid, se ha producido una agresión a una mujer embarazada en el barrio de Abrantes (Carabanchel), la noche del 17 de octubre. En las imágenes difundidas se puede observar cómo un agente del Cuerpo Nacional de Policía propina un puñetazo y una patada a la mujer esposada, mientras le grita “puta”. Según el testimonio de una de las personas que presenció y grabó lo sucedido, momentos antes del vídeo, la mujer habría sido reducida...

Defender a quien Defiende registra 330 incidentes relacionados con la policía durante el Estado de Alarma

La plataforma Defender a quien Defiende registra 330 incidentes relacionados con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. La organización ha monitoreado la actuación de la policía con la finalidad de registrar y denunciar posibles actuaciones abusivas y vulneraciones de derechos desde mediados de marzo de 2020 hasta principios de julio de 2020.  De los 330 incidentes registrados, 70 corresponden a casos de malos tratos. Todos los datos están recogidos en el dossier que la plataforma hace público hoy. Defender a quien Defiende ha registrado más de un centenar de  identificaciones aleatorias además de decenas de casos de  trato verbal racista, amenazas, registros, cacheos, allanamientos de morada, retenciones y detenciones. La plataforma ha disgregado, para un análisis más profundo, los casos protagonizados por mujeres, personas racionalizadas y/o migrantes o  personas LGTBI. También recoge vulneraciones a  periodistas o  redes de apoyo mutuo vecinales. Los incidentes registrados se han recibido a través de los canales de comunicación de la Plataforma, así como aquellos casos detectados en las redes sociales. El dossier no sólo expone todos los datos procesados y sistematizados sino que además cuenta con  cinco casos con testimonios en primera persona recogidos por la plataforma: el caso de una  agresión y detención a un trabajador en su descanso laboral, el testimonio de una agresión y vejaciones racistas a una persona en la puerta de su domicilio, la multa a una mujer con un grado de discapacidad del 45% mientras paseaba a su perro con sus hijos, la detención abusiva y agresión a una persona que había salido a comprar medicamentos para su hijo y la presunta...

Manifiesto 5 años de mordazas ¡Basta! Por una nueva legislación que garantice los derechos humanos

En 2020, en medio de una crisis sanitaria marcada por la pandemia del coronavirus, y desde que se decretara en marzo el estado de alarma, se han impuesto más de un millón de propuestas de sanción en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. En este contexto las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado podrían haber interpuesto de manera arbitraria sanciones contra personas sin observar los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales, y esto bajo la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza. Tras 5 años desde su entrada en vigor, la Ley Mordaza sigue campando a sus anchas. Los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, información y manifestación, han sufrido un claro retroceso desde su aprobación. El próximo 1 de julio será el 5º aniversario de la Ley Mordaza. Desde Amnistía Internacional, No Somos Delito, Defender a Quien Defiende, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, la Coordinadora de ONG de España y Greenpeace impulsamos este manifiesto para que el mayor número de organizaciones y colectivos exijamos de una vez por todas la modificación urgente de la Ley de Seguridad Ciudadana. Cada año que ha pasado con la Ley Mordaza en vigor hemos recordado la necesidad urgente de reformarla, para tener en su lugar una nueva legislación en línea con los estándares internacionales de derechos humanos. Y en los últimos años hemos reclamado la necesidad de que el gobierno cumpla lo que tantas veces ha prometido hacer. Será con la presión ciudadana, de organizaciones y colectivos, como conseguiremos que de...

Organizaciones de Derechos Humanos exigen que se investiguen nuevos casos de violencia institucional en el marco de estado de alarma

Las entidades, impulsadas por Defender a Quien Defiende, critican que en la guía enviada por el Ministerio de Interior a las Delegaciones del Gobierno para unificar criterios ante sanciones por la Ley de Seguridad Ciudadana en el contexto de estado de alarma se prevea una interpretación de las cuantía de las sanciones desproporcionada y que se prevea sancionar a las personas directamente por un desplazamiento no autorizado. Organizaciones de derechos humanos como Novact, Irídia, Legal Sol, Institut de Drets Humans de Catalunya, Calala, Ecologistas en Acción, Stop Represión Granada y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, agrupadas en la plataforma Defender a Quien Defiende, junto con otras organizaciones de derechos humanos como Sos Racismo, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, la Cooperativa Red Jurídica, la Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, el Grupo Motor de No Somos Delito y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB, presentaron este jueves un segundo escrito dirigido al Ministerio del Interior y al Defensor del Pueblo, en el que denuncian siete nuevos casos de violencia institucional a manos de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, quienes presuntamente incurrieron en un uso de la fuerza no autorizado, en el marco del Estado de Alarma decretado por el Gobierno para la gestión de la pandemia del COVID-19. Estos casos, documentados entre el 25 de marzo y el 15 de abril de 2020 en distintas ciudades del Estado, gracias a las grabaciones y denuncias realizadas por la ciudadanía, dan cuenta de bofetadas, empujones, golpes y patadas propinados por agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad...

Organizaciones de Derechos Humanos exigen al Ministerio de Interior que los cuerpos policiales actúen con proporcionalidad durante el Estado de alarma

Las organizaciones, impulsadas por la Plataforma Defender a Quien Defiende, exigen que se investiguen, al menos, cuatro situaciones de violencia institucional. Por medio de una carta enviada al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández, organizaciones de derechos humanos como Novact, Irídia, Legal Sol, Institut de Drets Humans de Catalunya, Calala, Ecologistas en Acción, Stop Represión Granada y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, agrupadas en la plataforma Defender a Quien Defiende, junto con otras organizaciones de derechos humanos como la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, la Cooperativa Red Jurídica, la Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, el Grupo Motor de No Somos Delito y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB, han denunciado que agentes del Cuerpo Nacional de Policía, en al menos cuatro ocasiones, incurrieron presuntamente en uso de la fuerza no autorizado por los reglamentos de actuación contra ciudadanos en el marco de su actuación durante el Estado de Alarma, decretado por el Gobierno para la gestión de la pandemia del COVID-19. Ante esta situación, exigen que se accionen los canales internos de investigación y depuración de responsabilidades, y que se garantice que el actuar de los cuerpos y fuerzas de seguridad esté regido por el principio de legalidad y respeto a los derechos fundamentales. Asimismo, consideran que en los casos que haya indicios de delito cometidos por los agentes, el Ministerio debe activar de manera urgente todos los mecanismos de investigación y dar cuenta a las autoridades judiciales. En los cuatro casos, documentados a través de las grabaciones de ciudadanos...