Presentamos primera demanda ante el Tribunal de Estrasburgo contra la Ley Mordaza

Ante la deriva autoritaria del Estado de Derecho, la amenaza contra el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía española y la falta de consenso político para la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, acuñada como Ley Mordaza, deviene fundamental habilitar todos los mecanismos jurídicos y políticos, estatales e internacionales, para frenar su aplicación.

Desde la coalición Defender a quien Defiende presentamos una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la Ley Mordaza, aprobada por el Partido Popular el pasado mes de marzo.

El litigio se apoya en el estatus jurídico de “víctima potencial”, es decir, el daño inminente que puede suponer la aplicación de la ley Mordaza sobre un derecho protegido por la Convención Europea de Derechos Humanos. Específicamente, la demanda se centra en las abusos que afectan más directamente al derecho a la libertad de expresión e información. El litigio se presenta junto con los medios de comunicación Ahötsa (Navarra), La Directa (Barcelona) y Diagonal (Madrid), que firman la demanda como acusación particular y posibles “víctimas” de la legislación.

El objetivo es volver a poner en el foco público la restricción de derechos que supone esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, sumado al resto de reformas realizadas este año en materia de seguridad: Reforma del Código Penal, Ley de Seguridad Privada y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Un punto de inflexión muy grave por lo que a los derechos humanos, en especial civiles y políticos, se refiere.

El derecho a la información vulnerado

La arbitrariedad de artículos como el 36 punto 23 de la Ley Mordaza ya está implicando que en ocasiones algunas personas, sobretodo fotoperiodistas, se vean compelidas por los agentes a dejar de grabar o fotografiar actuaciones policiales por el riesgo a ser sancionadas. Por ese motivo, se considera que las personas que trabajan en el sector del periodismo y audiovisual son un colectivo especialmente afectado por esta disposición, ya que pone en peligro su función principal: informar sobre hechos de relevancia pública.

De hecho,  la Asociación Mintza Komunikazio elkartea, encargada de administrar el medio digital Ahotsa.info,  fue denunciada por agentes de la Policia Nacional por publicar un artículo sobre unos hechos sucedidos en Pamplona relacionados con una actuación policial. Ante tal denuncia, la Delegación del Gobierno les ha hecho llegar una “advertencia expresa” de que en el futuro eviten este tipo de “hechos” (se entiende publicar determinados artículos), si no quieren ser sancionados de acuerdo con la Ley mordaza. Se trata de un caso especialmente grave, puesto que muestra la arbitrariedad con la que podrá aplicarse este precepto de la Ley, impidiendo el libre ejercicio del derecho a la libertad de información, fundamental en un Estado democrático y de derecho.

Desde la coalición Defender a quien Defiende insistimos en que con estas reformas el Gobierno vulnera el ejercicio de derechos civiles y políticos tan fundamentales para la vida democrática como son el derecho a la libertad de expresión, y los derechos de reunión y manifestación. Y por tanto, actúa en contra de Tratados Internacionales que el Estado español ha firmado y ratificado, como el Convenio europeo de derechos humanos o el Pacto Internacional derechos civiles y políticos.