El Tribunal Supremo ha revocado parcialmente las sentencias absolutorias a 8 de las indignadas que el 15 de junio de 2011 participaron en la acción de protesta Aturem el Parlament, organizada por el movimiento 15M en Barcelona. Las otras 12 personas inculpadas por aquellos hechos han quedado absueltas.
La sentencia no ha sido unánime
El magistrado Perfecto Andrés, inicialmente encargado de redactar la sentencia condenatoria, renunció a la ponencia para emitir el único voto favorable a la absolución de las encausadas. Según ha publicado La Directa, su enfoque “no gustó a la mayoría de la sala, que forzó su relevo a manos del presidente.”
Para Anaïs Franquesa, abogada de algunos de los inculpados, con este voto particular de un miembro del Supremo “queda clarísimo que este sentencia tiene connotaciones políticas”, y se enmarca en un contexto de tolerancia cero, Ley Mordaza y modificación del Código Penal.
“El lema de la manifestación filtraba todos sus actos”
“Es una sentencia absolutamente atípica, con una interpretación expansiva y sin sentido del derecho penal», según Franquesa. Pese a que se considera probado que las personas condenadas no agredieron físicamente ni impidieron la entrada de ningún parlamentario, “la condena se basa en los conceptos de ‘atmósfera intimidatoria’ y ‘clima coactivo’”, explica la abogada, “y considera que participar de aquella convocatoria, significaba participar de la intimidación ambiental, y por lo tanto, ser culpable.”
El también abogado de las encausadas, Edu Cáliz, recuerda que los hechos probados imputados a las condenadas, “no van más allá de encontrarse cerca de un diputado con las manos en alto, gritando ‘No nos representan’, o simplemente recriminándoles las políticas económicas que estaban llevando a cabo.” Según Cáliz, “esta sentencia responde a presiones de los poderes públicos y políticos hacia el juez que dictó la primera sentencia absolutoria.”
“No nos quedaremos con los brazos cruzados”, estas fueron las palabras, hace un año, del Conseller de Presidència de la Generalitat, Francesc Homs. La decisión de recorrer la primera sentencia absolutoria fue un acuerdo a cuatro bandas entre la Fiscalía, Manos Limpias, la Generalitat y el Parlament de Catalunya, con el voto favorable de CIU, PP, PSC y Ciutadans, y la abstención de ERC.
Cáliz también ha denunciado que la defensa aún está esperando que estas ocho sentencias le sean notificadas, ya que la noticia les llegó a través de los medios de comunicación: “durante todo este procedimiento, esta ha sido la tónica, la Audiencia Nacional siempre ha notificado sus resoluciones a los medios antes que a nosotros”, y el Tribunal Supremo ha seguido esta misma línea.
Bloqueo al Parlament contra el peor recorte social des de la Dictadura
El miércoles 15 de junio de 2011, diversas asambleas del 15M organizaron una acción de protesta en Barcelona con motivo del inicio del debate de los Presupuestos Generales, que finalmente se acabarían aprobando el 21 de julio. Desde la tarde del 14 de junio, alrededor de un millar de manifestantes ocuparon los accesos al Parc de la Ciutadella, después que el gobierno de la Generalitat decidiera bloquear todas las entradas para impedir la mobilización del día siguiente. La mañana del día 15, más de 3000 personas se sumaron a los grupos de indignadas que habían pasado la noche acampadas alrededor del recinto donde se ubica el Parlament.
Según explicó Ciro Morales, una de las 20 personas juzgadas en la Audiencia Nacional y acusadas de “atentado contra las altas instituciones del estado”, “ese día hubo cargas policiales ya desde muy temprano, mucho antes que llegaran los políticos. La policía fue calentando a los manifestantes para, después, no proteger a aquellos a quiénes el protocolo dice que hay que proteger.”
La Directa publicó una crónica detallada de los hecho ocurridos la mañana del 15 de mayo, cuando los diputados y el personal parlamentario llegaron para acceder al recinto, y cuando se cumplía un mes del inicio de las acampadas del 15M.
La batalla en el Tribunal Constitucional
Tras conocer la sentencia del Supremo, Eva Labarta, abogada de otra de las encausadas, aseguró que el hecho de contar con un voto particular contrario a la condena “es muy positivo de cara al recurso que se presentará en el Tribunal Constitucional.” Labarta confía en que “el ingreso en la cárcel de las ocho personas ahora condenadas quede en suspenso hasta que no haya una resolución en firme del TC.” Aun así, esta es una decisión que depende de la Audiencia Nacional y, según Anaïs Franquesa, “es preocupante saber si se hará o no efectiva mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie.”
