Protestar no es terrorismo; es nuestro derecho para alzar la voz

Estamos siendo testigos de un nuevo ciclo de movilización alrededor del mundo, los movimientos feministas, antirracistas, ecologistas y, ahora, por la solidaridad con Palestina han inspirado a millones de personas a salir a la calle o a utilizar nuevos canales y plataformas para exigir justicia racial y climática, igualdad, el fin de la violencia de género y cualquier tipo de discriminación. Si bien la movilización ha sido masiva y global, se ha encontrado, sin excepción, con la respuesta represiva y a menudo violenta del Estado.A consecuencia de esta reacción represiva en la mayoría de países europeos se ha documentado el uso de una serie de medidas que reducen cada vez más el espacio de la sociedad civil y limitan su capacidad para organizarse. Una de las metodologías utilizadas consiste en acusar falsamente de terrorismo u organización criminal a movimientos sociales y políticos, contribuyendo así a una deriva que no es compatible con un estado de derecho democrático ni con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.En el Estado español hemos visto numerosos ejemplos de esta represión, documentando cómo desde la política, la justicia y los medios de comunicación se está llevando a cabo una clara criminalización de la protesta. En vez de facilitar y promover el derecho a la protesta, el Estado español está recurriendo a medidas, cada vez más extremas, para suprimir y restringir los derechos de la sociedad civil.Por ejemplo, a través de la aplicación extensiva y desproporcionada de los delitos de terrorismo y organización criminal, dos de los delitos más graves del derecho penal. La definición excesivamente amplia e imprecisa de estos en el Código Penal...
Defender a quien Defiende denuncia más de mil vulneraciones de derechos en contexto de protesta en los últimos dos años

Defender a quien Defiende denuncia más de mil vulneraciones de derechos en contexto de protesta en los últimos dos años

Defender a quien Defiende denuncia 1.184 vulneraciones de derechos en contexto de protesta —detenciones, multas, amenazas, afectaciones a la integridad psicofísica, identificaciones y/o encausamientos—, en un total de 261 casos recogidos en los últimos dos años. Estas cifras son el resultado del monitoreo y la sistematización que ha registrado la plataforma en su informe Diagnóstico del Derecho a la Protesta: Vulneraciones de derechos en el Estado español 2022-2023, presentado el 22 de febrero en Madrid. La investigación combina el análisis de datos cuantitativos con las aportaciones de personas y organizaciones expertas en la materia, como Amnistía Internacional o Red Jurídica.   De las más de mil vulneraciones recogidas, 314 forman parte del año 2022 y 870 del año 2023. De los casos recogidos, 83 se documentaron en el año 2022 y 178 en el año 2023, los datos publicados en el informe no representan los números totales de la vulneración a la protesta en el Estado español. Esto se debe a que no existe ningún mecanismo de recuento global por parte de la administración y, por consiguiente, no se cuenta con cifras oficiales ni con los recursos ni información suficientes.   La investigación alerta y analiza, gracias a los análisis de expertos, las herramientas utilizadas por el Estado para acallar la protesta social. Algunas, viejas conocidas como la utilización del articulado impreciso de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, o el Código Penal. También otras como la infiltración policial en movimientos sociales, el uso de software espía o los procedimientos judiciales contra actores de la sociedad civil acusados de terrorismo y organización criminal, como son los casos...
El informe de la Fiscalía provoca un efecto disuasorio que desarticula y criminaliza el derecho a la protesta

El informe de la Fiscalía provoca un efecto disuasorio que desarticula y criminaliza el derecho a la protesta

La plataforma Defender a quien Defiende (DqD) expresa su preocupación en relación con el tratamiento de los datos recogidos en la última memoria anual del Fiscal General del Estado (2022) en la que clasifica las acciones del movimiento antifascista, ecologista (en particular señalando a los colectivos de Futuro Vegetal y Extinction Rebellion) y el movimiento independentista catalán en la sección de “terrorismo nacional”.  Si bien, días más tarde de su publicación y tras una oleada de críticas y muestras de apoyo de diferentes colectivos, la Fiscalía ha dado un paso atrás, desmintiendo que Futuro Vegetal y Extinction Rebellion sean considerados como “terroristas”, DqD considera que la aparición de dichas organizaciones y movimientos en el informe anual de la Fiscalía muestra de qué manera categoriza internamente esta institución a expresiones del derecho a la protesta. Las categorías utilizadas en el informe no son casuales dado que señalan a los colectivos más activos en el momento presente en el Estado español y genera una advertencia, provocando un efecto disuasorio que desarticula y criminaliza a sectores de la sociedad civil organizada que hacen efectivo su derecho a la protesta.  Asimismo, la plataforma señala que en su aclaración, la Fiscalía sólo menciona a los dos colectivos ecologistas, eludiendo pronunciarse sobre los otros colectivos criminalizados que también aparecen como “amenazas” cuando se habla de “terrorismo nacional”.   Ante los hechos expuestos, la plataforma Defender a quien Defiende:   1. Denuncia que ninguna definición de terrorismo debe considerar que las acciones de desobediencia civil -tales como manchar con pintura roja una la pared de un parlamento o pegarse a un cuadro en un museo-, pueden ser consideradas...
Defender a quien Defiende denuncia que entre 2022 y 2023 ha sistematizado al menos 131 vulneraciones de derechos humanos contra Futuro Vegetal

Defender a quien Defiende denuncia que entre 2022 y 2023 ha sistematizado al menos 131 vulneraciones de derechos humanos contra Futuro Vegetal

La plataforma señala una intensificación de la represión contra el movimiento ecologista que afecta gravemente al derecho a la protesta.  10 de julio de 2023.- La plataforma Defender a quien Defiende (DqD) ha identificado que en los últimos dos años las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español han endurecido su acción a la hora de reprimir las protestas del movimiento ecologista. Dentro de este marco, la plataforma ha dado seguimiento y sistematizado la respuesta represiva contra Futuro Vegetal, siendo un caso paradigmático y representativo que permite ilustrar la criminalización y persecución que está sufriendo el movimiento ecologista. Futuro Vegetal es un colectivo de desobediencia civil que pretende señalar a las empresas y gobiernos responsables de la crisis climática y ecosocial.  Desde enero de 2022 hasta hoy, la plataforma ha contabilizado al menos 131 vulneraciones de derechos, documentadas en un total de 34 acciones realizadas por el colectivo ecologista. Entre las vulneraciones sistematizadas destacan 49 detenciones y, en algunos casos, con uso excesivo de la fuerza (30 de ellas se produjeron sólo durante el mes de abril) y 5 casos de presuntos malos tratos, tortura y humillaciones en comisaría. Es importante señalar que el colectivo tiene 29 procedimientos penales abiertos y se enfrenta a una reclamación de, como mínimo, 57.800 euros.   Entre los datos sistematizados en 2023, la plataforma denuncia también que hubo 3 periodistas detenidas, 1 periodista encausada por daños y 4 periodistas identificadas, cacheadas y registradas en el lugar de los hechos, por lo que se obstaculizó su tarea periodística. DqD apunta que, a pesar de que las periodistas que cubren las acciones del colectivo...
Ocho organizaciones piden a los partidos políticos que acepten las recomendaciones internacionales para proteger el derecho a la protesta y reformen la Ley Mordaza en seis meses

Ocho organizaciones piden a los partidos políticos que acepten las recomendaciones internacionales para proteger el derecho a la protesta y reformen la Ley Mordaza en seis meses

Octavo aniversario de la entrada en vigor de La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza.En todo este tiempo, las autoridades han propuesto al menos 250.300 sanciones basadas en artículos que afectan al derecho a la protesta pacífica y han multado a una decena de organizaciones sociales que no representan ningún peligro para la seguridad ciudadana. Las organizaciones Amnistía Internacional, Greenpeace, Irídia, Novact, Defender a Quien Defiende, Comisión Legal Sol, Rights International Spain y la plataforma No Somos Delito, solicitan a los partidos políticos que atiendan de forma urgente las recientes recomendaciones de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que subrayó cómo la aplicación de la Ley Mordaza y de algunos artículos del Código Penal continúan teniendo un impacto negativo sobre el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión y de expresión, especialmente sobre defensores de derechos humanos y periodistas, generando un efecto desmovilizador en la ciudadanía. Todos los partidos deberían rechazar que hoy en día sea sancionable casi cualquier conducta en el marco de una protesta pacífica, como indica la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, o que queden impunes las actuaciones ilegales de agentes de las fuerzas de seguridad que se exceden en sus funciones. También deberían rechazar que la manifestación espontánea pueda ser objeto de sanción, o que las identificaciones y registros de manifestantes sean arbitrarias o que el uso de la fuerza por parte de la policía sea excesivo y no proporcional a la amenaza. Desde la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal en 2015, al menos diez organizaciones han sido...