Defender A Quién Defiende hace público el Informe Red Malla 2020, en el que se exponen las vulneraciones del derecho a la protesta que se han registrado en el Estado español durante el año 2020 a través del observatorio Red Malla.
A pesar de haber sido un año marcado por la situación excepcional de emergencia sanitaria y continuas restricciones de movilidad y uso del espacio público, la ciudadanía y los movimientos sociales han continuado ejerciendo el derecho a la protesta y reclamando sus derechos. En marzo 2020 se decretó un Estado de Alarma duraría hasta mayo del año siguiente y un confinamiento domiciliario generalizado que se alargó durante más de dos meses. Cabe destacar que, a pesar del paréntesis que estas restricciones impusieron a la presencia de movilizaciones en las calles, en 2020 se registraron casi tantos incidentes de vulneración del derecho a la protesta como en el año anterior.
En el año 2020 Red Malla ha sistematizado un total de 107 casos en forma de sanciones administrativas, apertura de procesos judiciales, identificaciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza u otras prácticas policiales que vulneran el ejercicio del derecho a la protesta; en comparación con 117 casos registrados en 2019. Esto señala que, ante las muestras de descontento social y las reclamaciones de la ciudadanía organizada, se han dado durante este año 2020 remarcables respuestas represivas, muchas veces amparadas por una visión restrictiva de la seguridad y la salud, que dejaba de lado la protección de los derechos fundamentales de las personas.
En 2020, las protestas más destacadas fueron las relacionadas con el derecho a la vivienda y aquéllas vinculadas a la sanidad pública, la gestión de la emergencia sanitaria y el estado de alarma y otros derechos sociales y económicos en el contexto de pandemia.
Las identificaciones y los encausamientos han sido los tipos de incidente más reportados en Red Malla durante el 2020, aunque para cada familia de casos se han registrado distintas formas represivas, tal como se analiza en profundidad en el informe.
Respecto la distribución territorial, Catalunya y Andalucía fueron los territorios donde se habrían cometido más acciones represivas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cabe destacar que, de los 107 casos de incidentes sistematizados, el 42% fueron cometidos hacia mujeres.
