Ecologistas en Acción, CGT y Coordinación Baladre lanzaron hace unas semanas una convocatoria abierta a organizaciones para movilizar la demanda de Amnistía Social. El pasado 18 de septiembre se realizó la primera asamblea en Madrid con la participación de cerca de 20 colectivos.
La palabra amnistía «es un acto jurídico, normalmente emanado del poder legislativo, porque una pluralidad de individuos que habían sido declarados culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva”.
Hoy en día, las amnistías más conocidas son la amnistía política y la fiscal, pero la amnistía que se plantea ahora es la amnistía social.
En los últimos años, muchas personas han sido perseguidas, sancionadas, fichadas por la policía y detenidas con violencia física por protestar frente a un sistema económico totalitario y un Estado que reprimía sus derechos.
«¿Como puede una clase dirigente sin oficio ni beneficio, silenciar a todas estas personas? Con el miedo. Quieren paralizar la protesta social difundiendo el miedo a las sanciones desproporcionadas, a las respuesta violentas de los cuerpos de seguridad… Y a final nos hemos encontrado en un mundo al revés en donde las víctimas son el enemigo mientras que los malos se han vuelto los defensores de la seguridad ciudadana«, apuntan desde el grupo impulsor de la iniciativa.
Es exactamente en este contexto en el que nace la necesidad de una Amnistía Social. «No pedimos ni clemencia ni indultos. Reclamamos y exigimos justicia social porque hemos luchado con ejemplaridad y por eso ninguna persona merece un castigo«, explican.
Esta Amnistía Social afectaría sobre todo a las personas directamente implicadas en los episodios represivos vividos desde el primer día del 15M: «luchas mineras y huelgas generales, escraches y bloqueos de Parlamento, marchas y desahucios, huelgas de estudiantes; pasando por aquellas llevadas a cabo con métodos de lucha directa sin violencia contra las personas, como son las concentraciones, los cortes de carreteras y polígonos, en defensa del derecho constitucional a un trabajo y una vivienda en dignidad»
Para que esta propuesta se vuelva Ley, se necesita la máxima difusión por parte de todo tipo de colectivos, plataformas, grupos y asambleas que quieren luchar contra un Estado que reprime a aquellas personas que luchan por derechos económicos, sociales y culturales y derechos civiles y políticos.
La propuesta pasa por establecer una referencia unitaria para reunir todas las personas implicadas «en la lucha en defensa de los derechos y las que tomaron la decisión de no aceptar con resignación las políticas genocidas impuestas desde el poder bajo una misma voz».
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