La Red de Observación de Granada denuncia graves vulneraciones de derechos por parte de la Policía Nacional durante la actuación ilegal, sin orden judicial, de AMA Desokupa

La Red de Observación de Vulneraciones en Contexto de Protesta de Granada, perteneciente a la plataforma Defender a quien Defiende, denuncia decenas de vulneraciones antes, durante y después del intento de desalojo coordinado entre agentes de la Policía Nacional y la empresa AMA Desokupa.  Los hechos se remontan a la mañana del pasado lunes 20 de enero cuando más de una decena de presuntos trabajadores de la empresa AMA Desokupa se presentaron en la calle Azacayas de Granada con la intención de desalojar el Centro Social Okupado (CSO) La Madriguera. Bajo ninguna circunstancia individuos o empresas privadas están autorizadas a sacar por la fuerza a personas de su casa. El uso de la fuerza y violencia contra personas en su domicilio es contraria a la ley, pudiendo constituir delito de allanamiento de morada, de lesiones, de daños, amenazas o coacciones.  Por la información a la que se ha podido acceder —tanto por la prensa como por activistas de La Madriguera—, no existía orden judicial. Aun así, la Red recuerda que, en caso de que hubiera orden judicial, bajo ningún precepto sería AMA Desokupa la encargada de efectuar el desahucio.   A través del análisis riguroso de vídeos proporcionados por testimonios anónimos y publicados en prensa, la Red de Observadoras denuncia la gravedad de la colaboración explícita entre el cuerpo de la Policía Nacional y la empresa AMA Desokupa durante el intento de desalojo. Los agentes que realizaron el operativo encubrieron la actuación ilegal de la presunta empresa, cargando contra las personas que se encontraban delante del CSO. Además, la Red pone de manifiesto la desproporción que caracterizó la actuación policial...

Protestar no es terrorismo; es nuestro derecho para alzar la voz

Estamos siendo testigos de un nuevo ciclo de movilización alrededor del mundo, los movimientos feministas, antirracistas, ecologistas y, ahora, por la solidaridad con Palestina han inspirado a millones de personas a salir a la calle o a utilizar nuevos canales y plataformas para exigir justicia racial y climática, igualdad, el fin de la violencia de género y cualquier tipo de discriminación. Si bien la movilización ha sido masiva y global, se ha encontrado, sin excepción, con la respuesta represiva y a menudo violenta del Estado.A consecuencia de esta reacción represiva en la mayoría de países europeos se ha documentado el uso de una serie de medidas que reducen cada vez más el espacio de la sociedad civil y limitan su capacidad para organizarse. Una de las metodologías utilizadas consiste en acusar falsamente de terrorismo u organización criminal a movimientos sociales y políticos, contribuyendo así a una deriva que no es compatible con un estado de derecho democrático ni con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.En el Estado español hemos visto numerosos ejemplos de esta represión, documentando cómo desde la política, la justicia y los medios de comunicación se está llevando a cabo una clara criminalización de la protesta. En vez de facilitar y promover el derecho a la protesta, el Estado español está recurriendo a medidas, cada vez más extremas, para suprimir y restringir los derechos de la sociedad civil.Por ejemplo, a través de la aplicación extensiva y desproporcionada de los delitos de terrorismo y organización criminal, dos de los delitos más graves del derecho penal. La definición excesivamente amplia e imprecisa de estos en el Código Penal...
Defender a quien Defiende denuncia más de mil vulneraciones de derechos en contexto de protesta en los últimos dos años

Defender a quien Defiende denuncia más de mil vulneraciones de derechos en contexto de protesta en los últimos dos años

Defender a quien Defiende denuncia 1.184 vulneraciones de derechos en contexto de protesta —detenciones, multas, amenazas, afectaciones a la integridad psicofísica, identificaciones y/o encausamientos—, en un total de 261 casos recogidos en los últimos dos años. Estas cifras son el resultado del monitoreo y la sistematización que ha registrado la plataforma en su informe Diagnóstico del Derecho a la Protesta: Vulneraciones de derechos en el Estado español 2022-2023, presentado el 22 de febrero en Madrid. La investigación combina el análisis de datos cuantitativos con las aportaciones de personas y organizaciones expertas en la materia, como Amnistía Internacional o Red Jurídica.   De las más de mil vulneraciones recogidas, 314 forman parte del año 2022 y 870 del año 2023. De los casos recogidos, 83 se documentaron en el año 2022 y 178 en el año 2023, los datos publicados en el informe no representan los números totales de la vulneración a la protesta en el Estado español. Esto se debe a que no existe ningún mecanismo de recuento global por parte de la administración y, por consiguiente, no se cuenta con cifras oficiales ni con los recursos ni información suficientes.   La investigación alerta y analiza, gracias a los análisis de expertos, las herramientas utilizadas por el Estado para acallar la protesta social. Algunas, viejas conocidas como la utilización del articulado impreciso de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, o el Código Penal. También otras como la infiltración policial en movimientos sociales, el uso de software espía o los procedimientos judiciales contra actores de la sociedad civil acusados de terrorismo y organización criminal, como son los casos...

Informe ‘El Derecho a la Protesta en el Estado español,’ un análisis de los datos del Observatorio Red Malla en 2021

«El Derecho a la Protesta en el Estado español. Análisis con los datos de Red Malla 2021» expone los datos recogidos en el Observatorio Red Malla, la herramienta de monitoreo de vulneraciones de derechos en contexto de protesta, que se desarrolla bajo el paraguas de la plataforma estatal Defender a quien Defiende (DqD).    El informe deja constancia de los 167 casos registrados en la plataforma Red Malla en 2021 y de un total de 501 vulneraciones del derecho a la protesta, entre los que se especifican 135 detenciones, 112 multas, 106 encausamientos y 103 agresiones. El número de casos registrados en Red Malla (167) durante el 2021 superó a el número de casos contabilizados el año anterior (107 casos)  El año 2021 estuvo marcado por las movilizaciones que tuvieron lugar de manera unitaria y en paralelo alrededor del Estado español en el marco de la condena y encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Durante estas protestas, que tuvieron lugar durante el mes de febrero, se sistematizaron 58 vulneraciones, en su mayoría agresiones por parte de la policía contra las personas manifestantes.  Asimismo, el informe destaca la cifra recogida en la categoría de ‘Derecho a la vivienda’, la más elevada con diferencia, con un total de 139 vulneraciones sistematizadas.   El informe también hace hincapié en las agresiones a periodistas por parte de agentes de policía mientras estos cubren -como profesionales de la comunicación- contextos de protesta. El informe de 2021 recoge los casos, entre otros, de Guillermo Martínez y Fermín Grodira, encausados por falso testimonio tras denunciar agresiones por parte de la policía durante una cobertura en una manifestación contra Vox en...
La prohibición de la concentración en apoyo a los activistas Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbir viola el derecho de reunión y manifestación

La prohibición de la concentración en apoyo a los activistas Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbir viola el derecho de reunión y manifestación

SOS Racismo Madrid y la plataforma estatal de defensa del derecho a la protesta, Defender a quien Defiende, denuncian que la prohibición, por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid, de la concentración en repulsa de la detención de los activistas Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbir, del miércoles 19 de octubre, frente al Congreso de los Diputados en Madrid, viola el derecho de reunión y manifestación.   La prohibición de esta protesta es un ejemplo más de las restricciones al derecho de reunión que presenta la legislación española. Las reuniones espontáneas, como la que nos ocupa, son parte del núcleo esencial del derecho de reunión, tal y como viene reiterando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde hace más de una década, y se definen como aquellas concentraciones de personas como respuesta inmediata a un suceso urgente.  La regulación española actual restringe de manera desproporcionada la celebración de estas reuniones, prohibiendo, de manera sistemática, aquellas que no cumplen con el restrictivo plazo legal de comunicación, trámite que en ningún caso es una solicitud de permiso para su celebración. El continuo incumplimiento por parte de las autoridades de la incorporación de este derecho, de obligado cumplimiento, en nuestra legislación permite actuaciones restrictivas de derechos fundamentales, como la que nos ocupa.  Ambas organizaciones exponen que el pasado 19 de octubre se produjo una limitación del ejercicio del derecho a la protesta, que supuso un recorte de libertades y derechos humanos, al no cumplir el criterio de proporcionalidad y necesidad amparado por el derecho internacional. Las protestas, organizadas por colectivos antirracistas y personas individuales, fueron programadas en diferentes ciudades del...
COMUNICADO// Organizaciones en defensa de los derechos humanos denuncian seis años de bloqueo parlamentario de la reforma de la Ley Mordaza y exigen a los partidos políticos avanzar hacia la libertad de expresión

COMUNICADO// Organizaciones en defensa de los derechos humanos denuncian seis años de bloqueo parlamentario de la reforma de la Ley Mordaza y exigen a los partidos políticos avanzar hacia la libertad de expresión

Amnistía Internacional, Greenpeace, Plataforma por la Libertad de Información, Ecologistas en Acción, Defender a quien defiende y No Somos Delito denuncian que el proceso de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana apenas ha avanzado desde que culminara el plazo de enmiendas.Las entidades exigen a los partidos políticos que forman parte tanto del gobierno, como al resto de grupos parlamentarios, que retomen las negociaciones para llegar a un acuerdo que permita avanzar en derechos y libertades la ciudadanía y revertir el retroceso que implicó la reforma de 2015. Las organizaciones piden al Parlamento que se garantice la revisión de la Ley Mordaza como una oportunidad para adaptarla a las normas europeas e internacionales de derechos humanos. Estas reivindicaciones están alineadas con las preocupaciones expresadas en la carta remitida al Gobierno por la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović. Algunas de las principales organizaciones que trabajan en la defensa de derechos humanos en el estado español, Amnistía Internacional, Greenpeace, Plataforma por la Libertad de Información, Ecologistas en Acción, Defender a quien defiende y la plataforma No Somos Delito denuncian que el proceso de reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, lleva seis años de bloqueo parlamentario y exigen que las negociaciones se desarrollen con prontitud y alineando el texto con los estándares internacionales relativos a la libertad de expresión, información y reunión pacífica.  Las demandas de las organizaciones han sido trasladadas de manera oficial tanto los partidos políticos que forman parte del gobierno de coalición, como al resto de grupos parlamentarios con el fin de hacer llegar la importancia de retomar el diálogo entre las partes.   Desde su...