Defender a quien Defiende denuncia más de mil vulneraciones de derechos en contexto de protesta en los últimos dos años

Defender a quien Defiende denuncia más de mil vulneraciones de derechos en contexto de protesta en los últimos dos años

Defender a quien Defiende denuncia 1.184 vulneraciones de derechos en contexto de protesta —detenciones, multas, amenazas, afectaciones a la integridad psicofísica, identificaciones y/o encausamientos—, en un total de 261 casos recogidos en los últimos dos años. Estas cifras son el resultado del monitoreo y la sistematización que ha registrado la plataforma en su informe Diagnóstico del Derecho a la Protesta: Vulneraciones de derechos en el Estado español 2022-2023, presentado el 22 de febrero en Madrid. La investigación combina el análisis de datos cuantitativos con las aportaciones de personas y organizaciones expertas en la materia, como Amnistía Internacional o Red Jurídica.   De las más de mil vulneraciones recogidas, 314 forman parte del año 2022 y 870 del año 2023. De los casos recogidos, 83 se documentaron en el año 2022 y 178 en el año 2023, los datos publicados en el informe no representan los números totales de la vulneración a la protesta en el Estado español. Esto se debe a que no existe ningún mecanismo de recuento global por parte de la administración y, por consiguiente, no se cuenta con cifras oficiales ni con los recursos ni información suficientes.   La investigación alerta y analiza, gracias a los análisis de expertos, las herramientas utilizadas por el Estado para acallar la protesta social. Algunas, viejas conocidas como la utilización del articulado impreciso de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, o el Código Penal. También otras como la infiltración policial en movimientos sociales, el uso de software espía o los procedimientos judiciales contra actores de la sociedad civil acusados de terrorismo y organización criminal, como son los casos...

Informe ‘El Derecho a la Protesta en el Estado español,’ un análisis de los datos del Observatorio Red Malla en 2021

«El Derecho a la Protesta en el Estado español. Análisis con los datos de Red Malla 2021» expone los datos recogidos en el Observatorio Red Malla, la herramienta de monitoreo de vulneraciones de derechos en contexto de protesta, que se desarrolla bajo el paraguas de la plataforma estatal Defender a quien Defiende (DqD).    El informe deja constancia de los 167 casos registrados en la plataforma Red Malla en 2021 y de un total de 501 vulneraciones del derecho a la protesta, entre los que se especifican 135 detenciones, 112 multas, 106 encausamientos y 103 agresiones. El número de casos registrados en Red Malla (167) durante el 2021 superó a el número de casos contabilizados el año anterior (107 casos)  El año 2021 estuvo marcado por las movilizaciones que tuvieron lugar de manera unitaria y en paralelo alrededor del Estado español en el marco de la condena y encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Durante estas protestas, que tuvieron lugar durante el mes de febrero, se sistematizaron 58 vulneraciones, en su mayoría agresiones por parte de la policía contra las personas manifestantes.  Asimismo, el informe destaca la cifra recogida en la categoría de ‘Derecho a la vivienda’, la más elevada con diferencia, con un total de 139 vulneraciones sistematizadas.   El informe también hace hincapié en las agresiones a periodistas por parte de agentes de policía mientras estos cubren -como profesionales de la comunicación- contextos de protesta. El informe de 2021 recoge los casos, entre otros, de Guillermo Martínez y Fermín Grodira, encausados por falso testimonio tras denunciar agresiones por parte de la policía durante una cobertura en una manifestación contra Vox en...
La prohibición de la concentración en apoyo a los activistas Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbir viola el derecho de reunión y manifestación

La prohibición de la concentración en apoyo a los activistas Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbir viola el derecho de reunión y manifestación

SOS Racismo Madrid y la plataforma estatal de defensa del derecho a la protesta, Defender a quien Defiende, denuncian que la prohibición, por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid, de la concentración en repulsa de la detención de los activistas Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbir, del miércoles 19 de octubre, frente al Congreso de los Diputados en Madrid, viola el derecho de reunión y manifestación.   La prohibición de esta protesta es un ejemplo más de las restricciones al derecho de reunión que presenta la legislación española. Las reuniones espontáneas, como la que nos ocupa, son parte del núcleo esencial del derecho de reunión, tal y como viene reiterando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde hace más de una década, y se definen como aquellas concentraciones de personas como respuesta inmediata a un suceso urgente.  La regulación española actual restringe de manera desproporcionada la celebración de estas reuniones, prohibiendo, de manera sistemática, aquellas que no cumplen con el restrictivo plazo legal de comunicación, trámite que en ningún caso es una solicitud de permiso para su celebración. El continuo incumplimiento por parte de las autoridades de la incorporación de este derecho, de obligado cumplimiento, en nuestra legislación permite actuaciones restrictivas de derechos fundamentales, como la que nos ocupa.  Ambas organizaciones exponen que el pasado 19 de octubre se produjo una limitación del ejercicio del derecho a la protesta, que supuso un recorte de libertades y derechos humanos, al no cumplir el criterio de proporcionalidad y necesidad amparado por el derecho internacional. Las protestas, organizadas por colectivos antirracistas y personas individuales, fueron programadas en diferentes ciudades del...
COMUNICADO// Organizaciones en defensa de los derechos humanos denuncian seis años de bloqueo parlamentario de la reforma de la Ley Mordaza y exigen a los partidos políticos avanzar hacia la libertad de expresión

COMUNICADO// Organizaciones en defensa de los derechos humanos denuncian seis años de bloqueo parlamentario de la reforma de la Ley Mordaza y exigen a los partidos políticos avanzar hacia la libertad de expresión

Amnistía Internacional, Greenpeace, Plataforma por la Libertad de Información, Ecologistas en Acción, Defender a quien defiende y No Somos Delito denuncian que el proceso de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana apenas ha avanzado desde que culminara el plazo de enmiendas.Las entidades exigen a los partidos políticos que forman parte tanto del gobierno, como al resto de grupos parlamentarios, que retomen las negociaciones para llegar a un acuerdo que permita avanzar en derechos y libertades la ciudadanía y revertir el retroceso que implicó la reforma de 2015. Las organizaciones piden al Parlamento que se garantice la revisión de la Ley Mordaza como una oportunidad para adaptarla a las normas europeas e internacionales de derechos humanos. Estas reivindicaciones están alineadas con las preocupaciones expresadas en la carta remitida al Gobierno por la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović. Algunas de las principales organizaciones que trabajan en la defensa de derechos humanos en el estado español, Amnistía Internacional, Greenpeace, Plataforma por la Libertad de Información, Ecologistas en Acción, Defender a quien defiende y la plataforma No Somos Delito denuncian que el proceso de reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, lleva seis años de bloqueo parlamentario y exigen que las negociaciones se desarrollen con prontitud y alineando el texto con los estándares internacionales relativos a la libertad de expresión, información y reunión pacífica.  Las demandas de las organizaciones han sido trasladadas de manera oficial tanto los partidos políticos que forman parte del gobierno de coalición, como al resto de grupos parlamentarios con el fin de hacer llegar la importancia de retomar el diálogo entre las partes.   Desde su...
Defender a quien Defiende denuncia el software de espionaje Pegasus, junto a más de 30 organizaciones internacionales

Defender a quien Defiende denuncia el software de espionaje Pegasus, junto a más de 30 organizaciones internacionales

La plataforma Defender a quien Defiende, junto a más de una treintena de entidades referentes en materia de derechos humanos a nivel internacional, ha presentado un comunicado en que se expone que el espionaje digital no es legal ni democrático y exige una investigación independiente. El pasado 18 de abril, el laboratorio Citizen Lab hizo pública una investigación que revelaba una amplia operación de espionaje contra diferentes personalidades catalanas y del País Vasco con las herramientasPEGASUS y CANDIRU. Al menos 65 personas fueron atacadas o infectadas, entre ellas periodistas, abogados, miembros de organizaciones de la sociedad civil y representantes políticos (entre ellos presidentes de la Generalitat de Cataluña y miembros del Parlamento Europeo). Hay que recordar que el software espía PEGASUS o CANDIRU accede a todo el contenido de los aparatos interceptados, incluyendo las fotografías y aplicaciones, así como el contenido de todas las comunicaciones y la activación remota de la cámara y el micrófono. Las organizaciones firmantes del manifiesto han pedido, en primer lugar, que se prohíba el uso de Pegasus y herramientas similares. Este programa, implementado por el grupo israelí NSO, vulnera el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Las consecuencias del espionaje en este caso van todavía más allá, al dirigirse contra activistas, periodistas, personalidades políticas y abogadas. El espionaje de personas defensoras de derechos humanos y periodistas supone una amenaza a la libertad de expresión y manifestación. Su uso contra abogados y abogadas implica también una vulneración del derecho de defensa y un ataque al secreto profesional, partes fundamentales de la tutela judicial efectiva, el juicio justo y base de cualquier democracia sujeta en el Estado de derecho. Hoy por hoy, la ley...
COMUNICADO: Once organizaciones y colectivos reclaman a los partidos aprovechar “la última oportunidad de quitarnos todas las mordazas”

COMUNICADO: Once organizaciones y colectivos reclaman a los partidos aprovechar “la última oportunidad de quitarnos todas las mordazas”

Representantes de diez entidades se unen a la plataforma No Somos Delito para reclamar cambios más profundos frente al Congreso en la semana clave en las negociaciones para la reforma de Ley de Seguridad Ciudadana. Las entidades participantes son las siguientes: Amnistía Internacional, Asociación Libre de Abogadas y Abogados, Coordinadora de Vivienda en Madrid, Defender a Quien Defiende, Federación de Sindicatos de Periodistas, Greenpeace, Irídia, No Somos Delito, Plataforma por la Libertad de Información, Rights International Spain y Sindicato de Manteros.  Con una mordaza frente al Congreso de los Diputados, representantes de diez entidades y colectivos junto a la plataforma No Somos Delito han expresado así, en las escaleras de entrada del Parlamento, la necesidad de “aprovechar la última oportunidad” que suponen las negociaciones sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para “quitarnos de una vez todas las mordazas” que se mantienen aún en el proyecto de reforma presentado.  “Amordazada, así está la sociedad civil en nuestro país desde que se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana en 2015 y lo seguirá estando si no se acuerdan a partir de hoy cambios significativos en las negociaciones entre los partidos que tendrán lugar esta semana. Por eso pedimos a los grupos parlamentarios que cumplan con sus compromisos y podamos volver a disfrutar del derecho a la protesta y la libertad de expresión de forma plena”, afirmó Sol Román, portavoz de No Somos Delito.  Desde estas entidades reclaman a los partidos, en particular a los que forman parte del Gobierno y sus apoyos parlamentarios, que escuchen a las miles de personas y más de 130 organizaciones y colectivos que el...