El documento será considerado durante el Examen Periódico Universal en enero de 2020.
El próximo 22 de enero del 2020 el Estado español se someterá por tercera vez al EPU (Examen Periódico Universal), el mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que evalúa el nivel de cumplimiento de los derechos humanos de los países miembro de la ONU. Durante el último examen, celebrado en junio 2015, los miembros del Consejo de Derechos Humanos advertían de la necesidad de garantizar la libertad de expresión y el derecho de asociación y reunión pacífica, ante el entonces proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y la planificación de reforma del Código Penal (ambas en vigor desde julio de 2015). También advertían de las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en contextos de protesta o acción popular.
Desde Defender a quien Defiende hemos elaborado y enviado un informe donde se señala que no sólo las recomendaciones han sido incumplidas, sino que la situación ha empeorado notablemente. La aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana y las reformas del Código Penal limitan el ejercicio de la libertad de expresión y de asociación y reunión, con una clara intencionalidad de restringir y acallar la protesta social.
En el informe se fundamenta jurídicamente cómo los cambios legislativos de 2015, y sobre todo la aplicación de dichas normas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como por parte del Poder Judicial, vulneran claramente el derecho a la protesta (libertad de expresión, reunión, asociación e integridad personal).
Unos cambios que se han producido sobre la base de considerar el ejercicio de estos derechos como un problema de orden público y de seguridad, no como un ejercicio propio de la participación política y la acción popular en que se fundamenta cualquier democracia. Éstos cambios legislativos, por otra parte, ahondan en la eliminación y debilitamiento de las adecuadas salvaguardas frente a los procedimientos sancionadores, erosionando el derecho de acceso a la justicia.
El informe propone también una serie de recomendaciones de naturaleza legislativa y política para revertir esta situación y garantizar el ejercicio del derecho a la protesta.
