El balance de enero a julio de 2026 constata el avance de las políticas securitarias, el incremento de la vigilancia y las sanciones, la persistencia de la criminalización de la protesta y los efectos prolongados de la represión judicial.
La Plataforma Defender a quien Defiende presenta el balance del estado del derecho a la protesta en el Estado español correspondiente al periodo de enero a julio de 2026. El monitoreo realizado durante estos primeros meses del año confirma una tendencia preocupante: el progresivo estrechamiento del espacio cívico mediante políticas y prácticas que limitan el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de reunión, manifestación y expresión.
La securitización del espacio público continúa avanzando
Una de las principales tendencias identificadas es la creciente securitización del espacio público, justificada bajo discursos de «convivencia», «seguridad» y «prevención del crimen». En distintos municipios se consolidan políticas de corte securitario que restringen el uso del espacio público y tienen un impacto directo sobre colectivos en situación de especial vulnerabilidad.
Durante este semestre se han documentado actuaciones contra asentamientos y personas sin hogar que priorizan la intervención policial frente a respuestas sociales y habitacionales. A ello se suma la expansión de sistemas de videovigilancia y el uso de drones, especialmente en barrios y zonas donde ya existen dinámicas de criminalización por motivos raciales o de pobreza.
Estas políticas desplazan la respuesta social hacia un enfoque punitivo que estigmatiza a colectivos vulnerabilizados y reduce el espacio disponible para el ejercicio de derechos.
Más vigilancia y preocupación por el uso de la información policial
El primer semestre también deja abiertos importantes interrogantes sobre el incremento de prácticas de vigilancia e identificación policial.
Por un lado, continúan registrándose detenciones y sanciones en las que las personas afectadas desconocen cómo han sido identificadas previamente, lo que plantea dudas sobre el origen de la información utilizada, los mecanismos de almacenamiento de datos y las garantías existentes para proteger los derechos fundamentales.
En Catalunya, además, el debate sobre las funciones de la Comisaría General de Información ha cobrado fuerza tras hacerse pública la presencia de dos agentes de los Mossos d’Esquadra infiltrados en una asamblea de docentes que organizaban movilizaciones por la educación pública.
A ello se añade el anuncio de un programa piloto para desplegar agentes de paisano en trece centros educativos, una medida que ha recibido un amplio rechazo por parte de profesorado, alumnado, familias y organizaciones sindicales.
Once años después, la Ley Mordaza sigue castigando la protesta
En el undécimo año de vigencia de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza continúa siendo una de las principales herramientas de represión administrativa contra la protesta social.
Durante este semestre se han documentado importantes sanciones económicas vinculadas al ejercicio del derecho de manifestación, entre ellas cerca de 35.000 euros en multas relacionadas con las movilizaciones y la huelga para exigir responsabilidades por la gestión de la DANA; alrededor de 50.000 euros impuestos al movimiento por la vivienda del barrio de Les Corts; y más de 75.000 euros derivados de las protestas durante La Vuelta.
Estas cifras evidencian la continuidad de la denominada «burorrepresión», que impone elevados costes económicos a quienes participan en movilizaciones sociales.
La criminalización de la protesta persiste
El monitoreo también confirma la continuidad de una preocupante tendencia: la utilización extensiva y desproporcionada de figuras penales especialmente graves, como los delitos de terrorismo u organización criminal, contra movimientos sociales.
El uso expansivo del concepto de terrorismo desvirtúa el sentido de esta figura penal y contribuye a generar un efecto disuasorio sobre la participación ciudadana. El caso más reciente es el procedimiento abierto contra el movimiento ecologista Revoltes de la Terra, que vuelve a situar sobre la mesa los riesgos de emplear el derecho penal como herramienta de intimidación frente a la movilización social.
Protestar no es terrorismo.
La lentitud judicial prolonga los efectos de la represión
El calendario judicial de los próximos meses refleja otra de las conclusiones del monitoreo: la represión no termina con la protesta.
Durante junio se celebraron o quedaron vistos para sentencia diversos procedimientos contra acciones ecologistas realizadas entre 2019 y 2023. Entre ellos figuran las causas contra activistas de Futuro Vegetal por acciones de desobediencia civil frente al Congreso de los Diputados, el Ministerio para la Transición Ecológica o la Delegación del Gobierno en Barcelona, así como el procedimiento contra catorce activistas de Greenpeace por una protesta desarrollada en Sagunto en 2021 y el juicio previsto para octubre contra integrantes de Rebelión Científica por una acción frente al Congreso.
La distancia de varios años entre las movilizaciones y la celebración de los juicios evidencia cómo los procedimientos judiciales se convierten, por sí mismos, en una forma de castigo que prolonga durante años la incertidumbre, el desgaste personal, económico y emocional de las personas encausadas.
Asimismo, a finales de septiembre está previsto el juicio contra los cuatro agentes de la Policía Nacional acusados por la mutilación del ojo de Roger Español como consecuencia del impacto de una bala de goma durante el referéndum del 1 de octubre de 2017, un procedimiento que vuelve a poner de manifiesto los largos tiempos de respuesta de la justicia en casos de violencia policial.
El balance del primer semestre de 2026 confirma, en definitiva, un escenario en el que las respuestas institucionales ante la movilización social siguen privilegiando la vigilancia, la sanción y la criminalización frente a la garantía efectiva de los derechos fundamentales. Desde Defender a quien Defiende continuaremos monitorizando estas tendencias y denunciando cualquier vulneración del derecho a la protesta.
