Desde Defender a Quien Defiende alertamos sobre cómo la visión securitaria de las problemáticas políticas, sociales o sanitarias (como es el actual caso de crisis por el COVID-19) favorecen la aplicación del punitivismo y la represión como solución, en lugar de abordar la seguridad desde la perspectiva de los recursos económicos, de cuidados y de infraestructura común. En este sentido, ponemos el foco encómo se está aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) y el Código Penal a las personas que no cumplen las restricciones fijadas por el Gobierno.
Al Estado español no le ha hecho falta desarrollar una legislación ad hoc para la ciudadanía que no respete las medidas durante el estado de alarma actual. El entramado legislativo aprobado por mayoría absoluta del PP en 2015 ya es lo suficientemente restrictivo para castigar a través del Código Penal y/o sancionar las faltas administrativas a través de la Ley Mordaza.
Los agentes de seguridad podrán hoy recurrir al artículo 36.6 de la Ley Mordaza, que regula las infracciones graves con multas de entre 601 y 30.000 euros. En su punto sexto contempla sanciones por: «desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones”.
Por otra parte, El Código Penal fija en su artículo 556 penas de prisión de tres meses a un año o de seis a 18 meses de multa a los que «se resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones”
Estas leyes iban a ser derogadas y/o reformadas por el actual Gobierno por suponer una vulneración principalmente del Derecho de reunión y manifestación, así como al Derecho de libertad de expresión.
Actualmente, las lógicas de seguridad y discurso bélico en el que estamos inmersas están al servicio del blanqueo de leyes represivas como estas, que limitan sistemáticamente los derechos y las libertades de todas las personas. Especialmente de los colectivos más vulnerables, que son los que más están sufriendo las consecuencias del COVID-19 y también las medidas, que, a priori, tienen como fin protegernos. No se ha cumplido una semana del estado de alarma y se cuentan por miles las personas identificadas y denuncias interpuestas. Las personas detenidas rozan el medio centenar. Organizaciones antirracistas han denunciado ya las paradas policiales por motivos étnico-raciales.
Hace cinco años, organizaciones, movimientos sociales y personas defensoras de derechos humanos nos organizamos para denunciar la implantación de las Leyes Mordaza (Reforma del Código Penal y Ley de Seguridad Ciudadana) como instrumento para limitar y vulnerar derechos sistemáticamente. Hoy, más que nunca, no cesaremos en esta labor de defensa de derechos. Tampoco cuando acabe el estado de alarma.
En Defender a quien Defiende estamos recogiendo tanto las vulneraciones y afectaciones a los derechos humanos en el marco de la crisis del coronavirus, como la represión de personas defensoras de derechos y los abusos en el uso de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Desde el sábado 14 de marzo, el Código Penal y la Ley Mordaza parecen más útiles que nunca. Sin embargo, no olvidemos que sin derechos no hay seguridad. No normalicemos la represión. No asumamos la pérdida de derechos por el miedo.
