Manifiesto 5 años de mordazas ¡Basta! Por una nueva legislación que garantice los derechos humanos

En 2020, en medio de una crisis sanitaria marcada por la pandemia del coronavirus, y desde que se decretara en marzo el estado de alarma, se han impuesto más de un millón de propuestas de sanción en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. En este contexto las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado podrían haber interpuesto de manera arbitraria sanciones contra personas sin observar los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales, y esto bajo la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza. Tras 5 años desde su entrada en vigor, la Ley Mordaza sigue campando a sus anchas. Los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, información y manifestación, han sufrido un claro retroceso desde su aprobación. El próximo 1 de julio será el 5º aniversario de la Ley Mordaza. Desde Amnistía Internacional, No Somos Delito, Defender a Quien Defiende, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, la Coordinadora de ONG de España y Greenpeace impulsamos este manifiesto para que el mayor número de organizaciones y colectivos exijamos de una vez por todas la modificación urgente de la Ley de Seguridad Ciudadana. Cada año que ha pasado con la Ley Mordaza en vigor hemos recordado la necesidad urgente de reformarla, para tener en su lugar una nueva legislación en línea con los estándares internacionales de derechos humanos. Y en los últimos años hemos reclamado la necesidad de que el gobierno cumpla lo que tantas veces ha prometido hacer. Será con la presión ciudadana, de organizaciones y colectivos, como conseguiremos que de...

Estado de alarma, Protesta y Espacio Público: Preguntas frecuentes

Con el objetivo de ofrecer herramientas de autoprotección a movimientos, colectivos y organizaciones sociales, Defender a quien Defiende ha creado este documento a modo de preguntas frecuentes sobre el derecho de reunión y manifestación durante el estado de alarma y la desescalada. Este derecho es una de las maneras que tenemos para que la representación política preste atención a lo que consideramos importante.  El derecho de reunión y manifestación nos ayuda a mantener y defender los demás derechos y brinda la oportunidad de participación a personas vulnerabilizadas, que sufren injusticias graves y quedan habitualmente fuera de la participación política formal por causas ajenas a ellas mismas. Todo derecho va asociado a una responsabilidad también para nosotras. Ahora, la responsabilidad está en cumplir las medidas sanitarias de prevención ante una crisis sanitaria derivada del virus Covid19, que aún habita entre nosotras sin una cura. Descárgalo también...

Manual Burorresistiendo

El Manual Burorresistiendo, desarrollado por  Legal Sol con el apoyo de la plataforma Defender a quien Defiende, es una herramienta de autoprotección para luchar contra la Ley Mordaza. Desde el inicio del Estado de Alarma, el 14 de marzo de este año, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado han interpuesto más de un millón de propuestas de sanción. La burorrepresión provoca miedo a ejercer libremente los derechos, individualiza el sufrimiento y atraviesa sobre todo a personas vulnerables y precarias. Las sanciones administrativas suponen, muchas veces, un ejercicio de desproporcionalidad y arbitrariedad policial, aprender como son estos procedimientos y cómo defendernos es esencial para poder evitar los abusos y vulneraciones de derechos.Por estas razones, este tipo de materiales que sirven para recurrir las sanciones injustas se convierten en algo esencial. Antes y después del estado de alarma, recordamos que, como dicen nuestras compañeras de Legal Sol: «La única multa que se pierde es la que no se recurre»  ¿Quieres descargar el manual de Burorresistiendo? Aquí puedes...

Organizaciones de Derechos Humanos exigen que se investiguen nuevos casos de violencia institucional en el marco de estado de alarma

Las entidades, impulsadas por Defender a Quien Defiende, critican que en la guía enviada por el Ministerio de Interior a las Delegaciones del Gobierno para unificar criterios ante sanciones por la Ley de Seguridad Ciudadana en el contexto de estado de alarma se prevea una interpretación de las cuantía de las sanciones desproporcionada y que se prevea sancionar a las personas directamente por un desplazamiento no autorizado. Organizaciones de derechos humanos como Novact, Irídia, Legal Sol, Institut de Drets Humans de Catalunya, Calala, Ecologistas en Acción, Stop Represión Granada y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, agrupadas en la plataforma Defender a Quien Defiende, junto con otras organizaciones de derechos humanos como Sos Racismo, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, la Cooperativa Red Jurídica, la Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, el Grupo Motor de No Somos Delito y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB, presentaron este jueves un segundo escrito dirigido al Ministerio del Interior y al Defensor del Pueblo, en el que denuncian siete nuevos casos de violencia institucional a manos de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, quienes presuntamente incurrieron en un uso de la fuerza no autorizado, en el marco del Estado de Alarma decretado por el Gobierno para la gestión de la pandemia del COVID-19. Estos casos, documentados entre el 25 de marzo y el 15 de abril de 2020 en distintas ciudades del Estado, gracias a las grabaciones y denuncias realizadas por la ciudadanía, dan cuenta de bofetadas, empujones, golpes y patadas propinados por agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad...

Ministerio de Interior y Defensor del Pueblo responden ante las vulneraciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

La Plataforma Defender a Quien Defiende, junto a diversas organizaciones de derechos humanos, exigió el pasado 24 de marzo a través de un comunicado oficial al Ministerio de Interior y al Defensor del Pueblo que los cuerpos policiales actúen con proporcionalidad durante el Estado de alarma y que se investiguen, al menos, cuatro situaciones de violencia institucional. Además, la APDHA, también parte de la Plataforma, presentó un escrito propio al Defensor del Pueblo donde denunciaron la tendencia de algunos ayuntamientos de asumir informalmente competencias en materia de restricción de derechos. La respuesta del Ministerio de Interior comunica a las organizaciones el traslado de sus exigencias a la Dirección General de Policía para la “adopción de medidas oportunas” en relación a los casos documentados a través de las grabaciones de la ciudadanía donde agentes del Cuerpo Nacional de Policía propinan bofetadas, agreden con armas reglamentarias o reducen de forma violenta y con insultos a personas que transitan por la vía pública. El Defensor del Pueblo informa que está recibiendo “el testimonio de muchas personas que se enfrentan a una situación muy angustiosa, temiendo por la salud propia y de los suyos, o bien, en el legítimo ejercicio de su libertad, expresiones de desacuerdo con algunas medidas adoptadas o con comportamientos puntuales de las autoridades y administraciones competentes.” Así mismo, en relación al escrito interpuesto por APDHA, se insta a la Secretaría del Estado a elaborar instrucciones internas dirigidas respectivamente a la Dirección General de la Policía y a la Dirección General de la Guardia Civil en las que “se clarifiquen los supuestos en los que no se pueden sancionar determinadas...