Defender a quien Defiende solicita al Ministerio de Interior que investigue los casos de violencia policial sucedidos en Madrid el último mes

Defender a quien Defiende solicita al Ministerio de Interior que investigue los casos de violencia policial sucedidos en Madrid el último mes

La plataforma pone en conocimiento del Ministerio de Interior, a través de un escrito dirigido a Grande-Marlaska, cuatro situaciones de violencia policial sucedidas en Madrid el último mes. Defender a quien defiende insta además al Gobierno a que se garantice en todo el Estado la correcta identificación de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad  para permitir la depuración de responsabilidades y que emita instrucciones claras que prohíban las identificaciones por perfil racial.  Defender a quien Defiende denuncia en este escrito que durante la protesta que tuvo lugar en Vallecas el 24 de septiembre en favor de la sanidad pública, un agente de las Unidades de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía golpeó con la porra la cabeza de un manifestante; otro agente redujo a una persona en el suelo, boca abajo, colocando la rodilla sobre su cuello; y un tercero golpeó con su casco la cabeza de un retenido. En las imágenes de la concentración se observa, además, que los agentes no se encontraban debidamente identificados con el Número de Operativo Policial (NOP).  La plataforma denuncia además que, bajo el Estado de alarma declarado el día 9 de octubre en Madrid, se ha producido una agresión a una mujer embarazada en el barrio de Abrantes (Carabanchel), la noche del 17 de octubre. En las imágenes difundidas se puede observar cómo un agente del Cuerpo Nacional de Policía propina un puñetazo y una patada a la mujer esposada, mientras le grita “puta”. Según el testimonio de una de las personas que presenció y grabó lo sucedido, momentos antes del vídeo, la mujer habría sido reducida...

Defender a quien Defiende registra 330 incidentes relacionados con la policía durante el Estado de Alarma

La plataforma Defender a quien Defiende registra 330 incidentes relacionados con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. La organización ha monitoreado la actuación de la policía con la finalidad de registrar y denunciar posibles actuaciones abusivas y vulneraciones de derechos desde mediados de marzo de 2020 hasta principios de julio de 2020.  De los 330 incidentes registrados, 70 corresponden a casos de malos tratos. Todos los datos están recogidos en el dossier que la plataforma hace público hoy. Defender a quien Defiende ha registrado más de un centenar de  identificaciones aleatorias además de decenas de casos de  trato verbal racista, amenazas, registros, cacheos, allanamientos de morada, retenciones y detenciones. La plataforma ha disgregado, para un análisis más profundo, los casos protagonizados por mujeres, personas racionalizadas y/o migrantes o  personas LGTBI. También recoge vulneraciones a  periodistas o  redes de apoyo mutuo vecinales. Los incidentes registrados se han recibido a través de los canales de comunicación de la Plataforma, así como aquellos casos detectados en las redes sociales. El dossier no sólo expone todos los datos procesados y sistematizados sino que además cuenta con  cinco casos con testimonios en primera persona recogidos por la plataforma: el caso de una  agresión y detención a un trabajador en su descanso laboral, el testimonio de una agresión y vejaciones racistas a una persona en la puerta de su domicilio, la multa a una mujer con un grado de discapacidad del 45% mientras paseaba a su perro con sus hijos, la detención abusiva y agresión a una persona que había salido a comprar medicamentos para su hijo y la presunta...

Estado de alarma, Protesta y Espacio Público: Preguntas frecuentes

Con el objetivo de ofrecer herramientas de autoprotección a movimientos, colectivos y organizaciones sociales, Defender a quien Defiende ha creado este documento a modo de preguntas frecuentes sobre el derecho de reunión y manifestación durante el estado de alarma y la desescalada. Este derecho es una de las maneras que tenemos para que la representación política preste atención a lo que consideramos importante.  El derecho de reunión y manifestación nos ayuda a mantener y defender los demás derechos y brinda la oportunidad de participación a personas vulnerabilizadas, que sufren injusticias graves y quedan habitualmente fuera de la participación política formal por causas ajenas a ellas mismas. Todo derecho va asociado a una responsabilidad también para nosotras. Ahora, la responsabilidad está en cumplir las medidas sanitarias de prevención ante una crisis sanitaria derivada del virus Covid19, que aún habita entre nosotras sin una cura. Descárgalo también...

Organizaciones de Derechos Humanos exigen que se investiguen nuevos casos de violencia institucional en el marco de estado de alarma

Las entidades, impulsadas por Defender a Quien Defiende, critican que en la guía enviada por el Ministerio de Interior a las Delegaciones del Gobierno para unificar criterios ante sanciones por la Ley de Seguridad Ciudadana en el contexto de estado de alarma se prevea una interpretación de las cuantía de las sanciones desproporcionada y que se prevea sancionar a las personas directamente por un desplazamiento no autorizado. Organizaciones de derechos humanos como Novact, Irídia, Legal Sol, Institut de Drets Humans de Catalunya, Calala, Ecologistas en Acción, Stop Represión Granada y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, agrupadas en la plataforma Defender a Quien Defiende, junto con otras organizaciones de derechos humanos como Sos Racismo, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, la Cooperativa Red Jurídica, la Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, el Grupo Motor de No Somos Delito y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB, presentaron este jueves un segundo escrito dirigido al Ministerio del Interior y al Defensor del Pueblo, en el que denuncian siete nuevos casos de violencia institucional a manos de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, quienes presuntamente incurrieron en un uso de la fuerza no autorizado, en el marco del Estado de Alarma decretado por el Gobierno para la gestión de la pandemia del COVID-19. Estos casos, documentados entre el 25 de marzo y el 15 de abril de 2020 en distintas ciudades del Estado, gracias a las grabaciones y denuncias realizadas por la ciudadanía, dan cuenta de bofetadas, empujones, golpes y patadas propinados por agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad...
COVID-19, la alerta sanitaria no debe normalizar leyes que vulneran derechos humanos

COVID-19, la alerta sanitaria no debe normalizar leyes que vulneran derechos humanos

Desde Defender a Quien Defiende alertamos sobre cómo la visión securitaria de las problemáticas políticas, sociales o sanitarias (como es el actual caso de crisis por el COVID-19) favorecen la aplicación del punitivismo y la represión como solución, en lugar de abordar la seguridad desde la perspectiva de los recursos económicos, de cuidados y de infraestructura común. En este sentido, ponemos el foco encómo se está  aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) y el Código Penal a las personas que no cumplen las restricciones fijadas por el Gobierno. Al Estado español no le ha hecho falta desarrollar una legislación ad hoc para la ciudadanía que no respete las medidas durante el estado de alarma actual. El entramado legislativo aprobado por mayoría absoluta del PP en 2015 ya es lo suficientemente restrictivo para castigar a través del Código Penal y/o sancionar las faltas administrativas a través de la Ley Mordaza. Los agentes de seguridad  podrán hoy recurrir al artículo 36.6 de la Ley Mordaza, que  regula las infracciones graves con multas de entre 601 y 30.000 euros. En su punto sexto contempla sanciones por: «desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones”. Por otra parte, El Código Penal fija en su artículo 556 penas de prisión de tres meses a un año o de seis a 18 meses de multa a los que «se resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones” Estas leyes iban a ser derogadas y/o reformadas por el actual Gobierno por suponer una vulneración principalmente del Derecho de...

Informe Red Malla

Red Malla es una red de soporte y denuncia con la que afrontar de manera colectiva la represión y la criminalización de la protesta que, desde Defender a quien Defiende, llevamos diseñando y mejorando desde 2015. Esta herramienta se forja en colectivo y se piensa como aquel tejido defensivo que protege a través de eslabones entrelazados entre sí. En este caso, esos eslabones son los nodos territoriales, sin los que una red no tiene un funcionamiento completo. En este sentido, Malla sigue viva y creciendo a ritmo lento, pero constante. El primer informe de Red Malla se enmarca en un año de movilizaciones en todas las esferas de los movimientos sociales en España. El documento sistematiza los casos recogidos por los nodos entre el 2 de octubre de 2017 y el 3 de octubre de 2018. El informe detecta un aumento de la represión que se ve reflejado en el conflicto territorial derivado del movimiento independentista en Cataluña; el movimiento por la vivienda, cada vez más potente en toda España; y por supuesto, la transformación social que están suponiendo los feminismos. Los nodos de Red Malla tienen un papel fundamental puesto que se encargan de la observación, acompañamiento y análisis de los casos, contactando con la persona y ofreciendo soporte legal a través de su propio colectivo u organizaciones de apoyo de su ciudad. Facilitar el contacto entre personas represaliadas y dichos nodos es una acción prioritaria de Malla. Responde a una necesidad detectada por los colectivos debido a que durante los últimos años ha aumentado la implicación en movilizaciones de personas poco o nada organizadas políticamente que ante...